Hace poco más de veinticinco años saltaba una alarma sanitaria conocida como el mal de las «vacas locas». En marzo de 1996 la Unión Europea recomendaba la prohibición de las exportaciones de vacuno y sus derivados producidos en Gran Bretaña. Se trataba de la enfermedad conocida como encefalopatía espongiforme bovina (EEB), que es mortal y afecta a las vacas adultas y que dio el salto a la especie humana por el consumo de alimentos procedentes de estas.
Se originó por el consumo de piensos fabricados con harinas de carne y hueso de ovejas y cabras enfermas de scrapie atípico. Una proteína denominada prión había cambiado su estructura. Se estaba dando de comer proteínas animales a especies fitófagas, hechos que a partir de estos sucesos fueron prohibidos por la Unión Europea.
En el año 2002 la Comisión Europea estableció la prohibición de abandonar cadáveres de ganadería en el campo ante esta alarma sanitaria y conllevó la puesta en marcha de un sistema de recogida e incineración de animales muertos. Esta medida, en un lugar donde impera la ganadería intensiva y casi ausencia de aves necrófagas, podría parecer razonable, pero en un país como España con un numeroso contingente de ganado en extensivo y una población de buitres relativamente saneada, era un gran error que las autoridades no supieron advertir.
Las aves necrófagas como el buitre leonado, buitre negro, alimoche y quebrantahuesos están diseñados evolutivamente para obtener sus recursos alimenticios de los cadáveres de animales existentes en el campo. Poseen unos jugos gástricos muy ácidos que eliminan cualquier patógeno, por tanto, son los mejores recicladores de la materia existentes. Donde son abundantes, una vez localizado el cadáver, lo hacen desaparecer prácticamente en media hora, incluso antes de que sean localizados por otros oportunistas terrestres como el zorro o el jabalí, hechos documentados por investigadores de este país especializados en el estudio de este grupo.
Cuando se celebran las monterías en Sierra Morena es común observar cómo circunscriben círculos entorno al área donde se celebran y en ocasiones las reses abatidas son consumidas antes del término de las cacerías con el correspondiente malestar del cazador que las cazó. Es la ley de la naturaleza, a la que debemos respetar.
Este servicio ecosistémico tan claro fue sustituido de pronto por uno artificial de recogida e incineración con costes económicos y ambientales (emisión de CO2) a los que nos hemos referido en otros artículos. Se estableció sin pensar sus consecuencias y fue muy contestado por científicos y ambientalistas. La normativa europea que se puso en vigor a raíz de la crisis de las vacas locas no tuvo en cuenta las características especiales que presenta la ganadería extensiva propia del suroeste español, ya que no es lo mismo retirar una vaca muerta de un establo que hacerlo de un monte de sierra mediterráneo.
Se esperaba un descenso de las poblaciones de buitres con esta medida. Afortunadamente, entre los animales que eran localizados y consumidos antes que los ganaderos se dieran cuenta de su ausencia dada la orografía existente, los cadáveres de piezas de caza y la puesta en marcha de una serie de muladares por todo el país y donde Andalucía volvió a ser pionera en la adopción de esta medida, no se produjo y las poblaciones de necrófagas fueron evolucionando positivamente. Su principal problema era la utilización ilegal de veneno para matar depredadores y, casi neutralizado el mismo, siguen al alza en su mayoría.
El paso del tiempo y la presión científica y de grupos ambientalistas logró que se dictara en el 2011 un Reglamento Europeo que abría en cierta medida la mano. Desde el año 2012 en Andalucía es posible que las explotaciones de ganadería extensiva bajo vigilancia periódica de los servicios veterinarios oficiales, y situadas en el área de protección de las aves necrófagas, dejen cadáveres de ovino y caprino en el campo para su consumo por estas. El resto de ganadería no es posible aunque existen excepciones muy controladas. En el caso de las piezas de caza mayor es posible dejar los restos en muladares acondicionados para que no entre el jabalí.
Ha pasado ya casi una década desde que se dictó esta norma y más de veinticinco años de la alarma sanitaria para que se pueda volver a replantear el asunto de la alimentación de las aves necrófagas. Son muchas toneladas de carne las que se incineran con el consiguiente gasto para las explotaciones ganaderas y una emisión de dióxido de carbono que podría evitarse y así recuperar el sistema ecosistémico que realizan las aves necrófagas y contribuir a mitigar el cambio climático.
