El fracaso de las reuniones celebradas a finales de mayo para configurar el nuevo periodo de ayudas de la PAC ha sumido en la incertidumbre a los agricultores españoles, y andaluces sobre todo, sobre su futuro más inmediato. Teniendo en cuenta que muchas de las explotaciones son viables gracias a este importante volumen de ayudas, algunos de los cambios propuestos podrían acabar liquidando algunas de estas empresas familiares.
Los negociadores europeos (Estados miembros, Comisión Europea y Parlamento) se han citado de nuevo para finales de junio, con la intención de cerrar las negociaciones y despejar el camino a recorrer entre los años 2023 y 2027.
El ministro de Agricultura español, el cordobés Luis Planas, pese al fracaso de la negociación de mayo, se muestra esperanzado con que finalmente se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para los productores españoles.
Uno de los asuntos que más preocupa al ministro y a los agricultores y ganaderos andaluces es la apuesta a toda costa por la sostenibilidad medioambiental de las actividades, algo que, a juicio de Planas está bien, pero hay que pensar también «en la sostenibilidad económica y social». Desde las organizaciones agrarias se pone de manifiesto que se está pecando con la propuesta europea de un excesivo ambientalismo, que va en detrimento de un desarrollo normal de la actividad y, por consiguiente, del mantenimiento de numerosas explotaciones, con el agravante, apuntan, de que cualquier nueva exigencia que se impone en este ámbito acaba perjudicando al consumidor final.
El ministro señaló que España solo dará su voto favorable siempre que se garantice el triple equilibrio ambiental, económico y social»
Otro de los puntos que preocupa en la agroganadería andaluza y cordobesa es la posible redefinición de las zonas productivas de ayudas, lo que se interpreta desde el sector como el establecimiento de una tasa plana, que, de materializarse, la comunidad autónoma andaluza sería la más perjudicada porque, hoy por hoy, (ver página anterior) es la región española que más ayudas recibe de la PAC. Los cálculos hechos desde la patronal Asaja, según su presidente, Ignacio Fernández de Mesa, indican que la pérdida cada año en que se aplique la tasa plana sería anualmente de hasta 123 millones de euros en Córdoba y 638 en Andalucía. Algunas organizaciones apuntan también que con estas nuevas propuestas se deja de incentivar la producción y la inversión en mejoras de las explotaciones y se beneficiará más a la superficie.
Los agricultores insisten en que Andalucía no puede perder el statu quo actual con una reducción de fondos y abogan por mantener el sistema anterior de reparto que, con pequeñas variaciones, garantizaba los mismos recursos para la región y para cada productor. En este sentido, desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía en Córdoba, su presidente, Rafael Sánchez de Puerta, recuerda que eso es así «porque en su momento Andalucía fue la que más fondos generó para la PAC y los ha mantenido y cualquier estrategia que nos lleve a modificar ese statu quo pues a Andalucía y a sus agricultores nos va a perjudicar tremendamente».
Los negociadores intentarán cerrar este mes un acuerdo que debe incluir el porcentaje de ayudas para los ecoesquemas, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores o la redistribución justa de las ayudas, entre otros puntos.
