La comisión municipal de la Memoria Histórica está a punto de someter a votación interna su dictamen, que a su vez será debatido en el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad. La citada comisión estudia la aplicación en nuestra capital de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada por la cámara andaluza la pasada primavera. Esta norma obliga a la eliminación de todos los símbolos del franquismo en un periodo de 18 meses a partir de su publicación, de manera que el grupo de trabajo de Córdoba analiza la situación y propone la reparación de las víctimas de la dictadura. Desde los primeros tiempos de la reinstauración de la democracia en España, tras la Constitución de 1978, las instituciones han ido, paulatinamente, eliminando los símbolos y los nombres que suponían un homenaje a dirigentes y colaboradores directos del franquismo. Ya no quedan en España avenidas del Generalísimo, y los monumentos «a los caídos» se han ampliado a la totalidad de las víctimas o se han eliminado en su mayor parte. Sin embargo, las heridas de la guerra civil del 36 han sido en muchos casos cubiertas por una capa de silencio que no ha conseguido cerrarlas. Ya quedan muy pocas personas vivas que sufrieran represión en la posguerra, pero sí hay ciudadanos que siguen queriendo saber dónde enterraron a sus familiares, o que sufren y se indignan al ver los nombres de ciertos represores figurando en calles o en placas, olvidadas sus acciones. Y no solo es cuestión de reconocer a las víctimas, sino de hacer el relato más claro posible de la historia.

Es verdad que en una guerra civil el carácter fraticida del conflicto llevó a terribles abusos y crueldad por ambos bandos, pero la larga posguerra dio lugar a una también larga represión por parte de los ganadores. Las cuatro décadas transcurridas posteriormente en democracia demuestran que la etapa no está cerrada, que una parte de la sociedad española sigue exigiendo reparación, un acto de justicia. El objetivo de la ley andaluza es dar un final digno a esa etapa de la historia, pero no es un objetivo fácil: no todo es blanco o negro, es preciso distinguir entre las personas que ejercieron la violencia, el abuso o la represión y las que fueron destacadas por diversos motivos en el periodo de la historia que les tocó vivir. Las propuestas de la comisión que han trascendido sobre los cambios de nombres de calles cordobesas han creado una fuerte polémica. Desde el Ayuntamiento, solo el PP y UCOR han manifestado claramente su oposición a eliminar los rótulos de la calle José Cruz Conde, Conde de Vallellano o plaza de Cañero, mientras el gobierno local PSOE-IU y el grupo de Ciudadanos esperarán a conocer el dictamen de la comisión cuando se apruebe.

Parece difícil, pero no será imposible si se actúa con buena fe y rigor, que Córdoba cumpla acertadamente con el mandato de la Ley de Memoria Histórica. Todo apunta a que surge, o resurge, una nueva-vieja polémica y, aunque parezca un tópico, es obligado pedir un talante abierto y dialogante para conseguir el mayor consenso posible.