El juicio de la llamada pieza «política» del caso de los ERE de Andalucía comienza hoy en la Audiencia de Sevilla. Están previstas tres sesiones esta semana, dedicadas a las cuestiones previas y, a partir del 9 de enero, la declaración de los 22 acusados, los 117 testigos propuestos por Anticorrupción, la actuación de la fiscalía, las dos acusaciones particulares (PP y Manos Limpias), los peritos y las defensas, con lo que el juicio se prolongará muchos meses. Esta es la más sonada, pero solo una de las piezas en las que está dividido el megacaso que inició hace ya siete años la jueza sevillana Mercedes Alaya, una instrucción que continuaron el juez de apoyo cuando ella obtuvo su traslado a la Audiencia de Sevilla y la juez María Núñez Bolaños, que decidió trocear la causa. Los jueces deberán dirimir si los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y otros 20 exaltos cargos acusados crearon un sistema, el «procedimiento específico», para eludir los mecanismos de control en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011. Fueron ayudas a expedientes de regulación de empleo (ERE) que la Fiscalía Anticorrupción considera concedidas de forma irregular y cifra en 741 millones de euros. El Ministerio Público atribuye un delito de prevaricación a los 22 acusados, y a 15 de ellos, otro de malversación de fondos. Así, reclama seis años de cárcel y otros 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación. La instrucción del caso, por más que el PP quiera equipararlo a la Gürtel o a la Púnica, no atribuye a estos acusados enriquecimiento ilícito, sino haber propiciado un sistema clientelar de distribución de las ayudas en detrimento de las arcas andaluzas. En otras piezas del caso ERE sí se ha detectado desviación de fondos, intrusos y otra serie de irregularidades en distintos actores, tanto cargos públicos como personas ajenas a la Administración andaluza, desde sindicalistas hasta empresarios o representantes de aseguradoras.
El proceso comienza, por fin, tras largos años en los que tanto sus protagonistas como el PSOE andaluz y la propia Junta de Andalucía han vivido el juicio paralelo --y la condena-- de la opinión pública. Por muy complejo que haya sido este caso, vuelven a ser relevantes las consecuencias que acarrea la lentitud de la justicia. Los acusados están hoy fuera de la escena política, algunos en situaciones difíciles y todos señalados por el estigma, pues el juicio social ya está hecho, sin apenas distingos entre las distintas actuaciones. Es importante que la justicia se pronuncie y que Andalucía pueda dejar atrás este asunto que tanto ha dañado a su imagen. La Junta de Andalucía debe demostrar que ha aprendido de lo ocurrido, extremando la cautela y la equidad en la adjudicación de ayudas públicas, Y que quede cerrada esta lamentable etapa.
