La Guardia Civil de Córdoba, en un operativo desarrollado en varias provincias, ha detenido a un vecino de Almería, de 33 años, como supuesto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental.

Según ha informado el instituto armado, las investigaciones se iniciaron en marzo, tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el juzgado e instrucción de Montilla por un empresario vecino de la localidad. Al parecer el acusado se hacía pasar por una empresa instaladora de gas, que tras hacer un presupuesto por una instalación, solicitaban en nombre del cliente un crédito en una entidad financiera. Así, el acusado recibía el dinero del crédito, no hacía la instalación presupuestada y del cliente tenía que pagar el importe del préstamo solicitado por el estafador.

Las investigaciones permitieron saber que la empresa que había contratado el crédito tenía su sede en una localidad de Almería y se pudo saber asimismo que el responsable de la empresa investigada tenía otras sociedades con las que había realizado el mismo procedimiento y que podría haber más personas afectadas.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Montilla, que dirigió las investigaciones descubrió que el modus operandi consistía en que personal comercial contratado por la empresa, que desconocía la actividad ilegal, visitaba negocios a los que ofrecían la posibilidad de instalar gas natural. Para ello confeccionaban un presupuesto de instalación y ofrecían la posibilidad de financiarlo. Si los empresarios accedían, le solicitaban copia del DNI, número de cuenta corriente y copia de la declaración de la renta. Se daba la circunstancia de que en algunos casos iniciaban la instalación, que no terminaban, y en otros casos ni siquiera la empezaban, pero siempre solicitaban préstamos utilizando la documentación que habían obtenido y falsificando la firma del cliente. Así, la empresa recibía directamente la cantidad solicitada y el pago mensual recaía sobre el cliente.

Se cree que el número de personas estafadas puede rondar las 80 y el montante de créditos solicitados, a los 200.000 euros. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.