El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha enviado un escrito a todos los grupos municipales del Ayuntamiento en el que urge a poner en marcha el proceso de revisión de los suelos protegidos en los que hay viviendas ilegales. El CMC exige que se inicie «el procedimiento legalmente obligatorio para incorporar los asentamientos urbanísticos al PGOU y para poder dotar de servicios a la gran mayoría de las viviendas en parcelaciones de la ciudad». Estar en suelo protegido es un hándicap tanto para sumarse al PGOU como suelo urbano o urbanizable como para acogerse a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO).

El CMC recuerda que hace justo cuatro años el Pleno aprobó por unanimidad «acordar la formulación de la innovación del PGOU, o su revisión», comenzar los trabajos e instar a la Junta a que en la modificación de la LOUA dé respuesta a las más de 4.400 viviendas que están en suelo no urbanizable (casi todas, en protegido, inundable o con otros riesgos). Sin embargo, tal y como indica el CMC, «no se ha iniciado esta innovación o revisión del PGOU a pesar de ser una obligación legal del Ayuntamiento» que se deriva del decreto de la Junta del 2012. EL CMC señala que en base a ese decreto el Ayuntamiento debe decidir si inicia la clasificación de los asentamientos como suelo urbano o urbanizable y ver si los terrenos mantienen los valores por los que se consideran protegidos.

El problema es que las urbanizaciones que están en suelo protegido no han podido acogerse a la modificación de la LOUA del 2016 ni a la aprobada este año, que permiten adelantar servicios como luz, agua y saneamiento. Además, las viviendas aisladas, que predominan en la Sierra, que estén en terrenos con protección tampoco pueden acceder a servicios. En este sentido, el CMC considera que se debe analizar si el suelo mantiene los valores que exigen su protección. Es más, asegura que las sentencias «y la experiencia directa nos dicen que los valores a proteger han desaparecido en gran medida» o se pueden compatibilizar con la existencia de viviendas.

El CMC quiere que la revisión sirva para determinar si se mantiene el riesgo de incendio o inundación y si puede haber medidas para superarlo. Su idea es convocar una reunión para abordar la revisión del PGOU, para la que no acepta como excusa que no da tiempo, que falta personal en Urbanismo o que la Junta prepara una nueva ley urbanística.

En junio la alcaldesa se comprometió a intentar eliminar la especial protección en parcelaciones de la Vega y la Sierra.