El concejal y promotor cordobés Rafael Gómez, acusado en el caso Malaya, negó ayer pagos al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, aunque ha asegurado que se pagó al Ayuntamiento marbellí por un convenio relacionado con las obras el acondicionamiento de unos locales comerciales.

En su declaración en el último bloque del juicio del caso Malaya, en el que está acusado, el empresario negó ante los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga dos supuestos pagos de unos 300.000 euros cada uno, que aparecen en los archivos informáticos intervenidos durante la investigación del caso en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca.

El propietario de Arenal 2000 se enfrenta a una petición de pena de 18 meses de prisión por un presunto delito de cohecho activo más una multa de 1,2 millones. En el peor de los casos no cumpliría la pena en prisión al no llegar al mínimo de 24 meses. Entiende el fiscal que Gómez entregó a Roca la suma de 600.500 euros y que, con ese dinero, "se aseguraba la actitud inactiva y permisiva del Ayuntamiento de Marbella" para con las obras de una sede de Arenal 2000 que conectaban directamente con el paseo marítimo, lo que revalorizaba la propiedad, y pese a que estaba prohibido. La empresa y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para darle cobertura a la construcción a cambio de 601.012 euros. Ese acuerdo permitía derribar el muro dejando expedito el acceso a la propiedad de la promotora y creando una fachada acristalada. Dichas actuaciones se desarrollaron sin licencia en regla ante los informe negativos de los servicios municipales.

"Jamás he intentado hacer cosas que perjudiquen. Lo único que he hecho es trabajar", ha asegurado Gómez, quien se ha emocionado en su comparecencia en dos ocasiones, teniendo que pararse la sesión durante unos minutos. No obstante, el acusado ha continuado su declaración, contando sus comienzos como cabrero y platero, así como vivencias personales.

AMBICIOSO EN EL TRABAJO El concejal de Córdoba manifestó que "nunca" ha sido "ambicioso en el dinero, sino en trabajar" y ha señalado que cuando llegó a la construcción "me enamoré de ella, porque es la única capaz de llevar al empresario al infinito". "Los empresarios somos personas honestas, personas buenas, que nos jugamos todos los días nuestros bienes por crear empleo", ha defendido.

El empresario aseguró que lo que le preocupaba cuando estaba detenido era si los bancos iban a seguir respondiéndole para seguir trabajando y ha indicado que "me cerraron las puertas y dejaron de apoyarme", a pesar de lo cual ha dicho que está intentando pagar las deudas. "El caso Malaya es lo que ha destruido al país", ha apostillado ante el tribunal.

"Claro, cuando les da por decir que hay que acabar con la especulación del ladrillo, eso conlleva que el país se destruya, porque sin el ladrillo no podemos vivir en España", ha manifestado, insistiendo en que los constructores "no hemos hecho nada malo, hemos trabajado. La mayoría de los empresarios somos buenas personas, que no es que nos hayamos quedado con el dinero".