El fiscal superior de Andalucía inició la investigación el 21 de marzo del 2014 tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que manejó un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión y el cierre de las Utedlt. La fiscalía investiga la gestión de ayudas de la Junta de Andalucía a estas unidades de empleo entre 2010 y 2012 al constatar que "se podían desprender indicios generadores de responsabilidad penal", por un delito de malversación de caudales públicos. Durante este periodo se concedieron ayudas de 57,3 millones a las Utedlt de las ocho provincias andaluzas.
