El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, confía en que el Ayuntamiento "haga lo que tiene que hacer y que no ocurra como en otras etapas, que hizo lo contrario", para saldar deudas del empresario y líder de la oposición municipal con UCOR, Rafael Gómez, principalmente por la sanción de 20 millones de euros por construir sin licencia las naves de Colecor, para lo cual se ha iniciado el embargo preventivo de bienes para intentar cobrar.
En concreto, según ha adelantado 'Diario Córdoba', el Órgano de Gestión Tributaria del departamento de Recaudación propone el embargo preventivo de ocho bienes inmuebles de la empresa de Gómez, Arenal 2000, concretamente cinco fincas rústicas y tres urbanas, "como medida cautelar" con la que "se procura el aseguramiento del cobro de la deuda" de 20 millones, cantidad en la que quedó la multa de 24,6 millones tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es firme pero que Gómez recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Al respecto, el alcalde comenta que "es un tema administrativo como otros muchos que se siguen en el Ayuntamiento", a lo que añade que las actuaciones son "las ordinarias que se ponen en marcha con cualquier ciudadano o persona que tenga una deuda con el Ayuntamiento", aunque apunta que no conoce "al detalle" la actuación que se sigue.
En este sentido, subraya que el hecho de que "se cumpla o no ya no depende del Ayuntamiento, depende de muchas circunstancias", aunque recalca la postura de que "el Ayuntamiento haga lo que tiene que hacer y cumpla rigurosamente con su obligación", algo que, agrega, es lo que quiere que "ocurra".
"¿Que eso dé resultados y permita que se cobre?, perfecto", apostilla Nieto, quien también apunta al hecho de "que se retrase o se paraliza porque hay recursos", situación que "ya no depende del Ayuntamiento y difícilmente lo podemos prever", ha explicado.
En cualquier caso, ve "paradójico" que quien permitió que esa "barbaridad se produjera"; que "miró para otro sitio cuando diariamente salía en los periódicos el movimiento de tierras, la cimentación y el inicio de las obras"; quien no fue capaz de impedir que "la barbaridad" se pusiera en marcha; quien "dejó caducar el expediente y obligó a que siendo el primer acreedor de la obra, nos convirtiéramos en el último por una nefasta gestión administrativa del expediente; quien hizo todo eso, ahora sea el adalid de lo contrario", de modo que, a su juicio, "es un problema de memoria y coherencia".
EL EMBARGO PREVENTIVO
El informe sobre el inicio del embargo de bienes señala que el departamento de Recaudación "deberá adoptar las medidas oportunas" para hacer efectiva la medida, al tiempo que detalla que la notificación de liquidación se llevó a cabo el 10 de julio, por lo que el plazo para que Gómez pagase los 20 millones de forma voluntaria vencía el 20 de agosto.
El Órgano de Gestión Tributaria advierte del riesgo que existe de que el cobro de los 20 millones resulte "frustrado" o "gravemente dificultado", ya que hay "indicios racionales" de ello, entre otras razones, por otras deudas que mantiene la empresa de Gómez con el Consistorio.
Así, avisa de otras tres deudas de Arenal 2000 que se encuentran ya en periodo ejecutivo y que suman 6,5 millones de euros; del "elevado tiempo" que Arenal 2000 "lleva sin realizar de manera voluntaria pagos en los citados expedientes de apremio"; y de la "elevada deuda que las empresas del grupo y el propio accionista mayoritario mantienen con el Ayuntamiento". Pero, además, recuerda las subastas llevadas a cabo en los años 2012 y 2013 para intentar cobrar a Arenal 2000 y que fue declarada en situación de insolvencia por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla el 16 de abril del 2012.
Mientras, el Ayuntamiento deberá notificar a Gómez el embargo preventivo sobre los ocho bienes, que son una parcela de secano en la finca Torreblanca; dos en Peña Tejada y los Esquiveles; la manzana 29 del plan parcial de Carrera del Caballo, de 2.988 metros, destinada a locales comerciales; una finca en San Rafael de Linares; otra de secano situada al sur de Los Velascos Altos; 622 unidades de aprovechamiento en la segunda fase de la Carrera del Caballo; y 1.674 unidades en el plan I-1.
Cabe destacar que se da la circunstancia de que estas ocho propiedades ya formaban parte de la lista de 17 bienes embargados en la anterior fase de la multa, cuando esta ascendía a 24,6 millones de euros.
