Desde 2019 es obligatorio fichar para tener un control de la jornada laboral, pero este control se ha demostrado ineficaz. La mitad de las horas extra en este país ni se declaran ni se pagan. Por eso el Gobierno quiere que la inspección de trabajo pueda acceder a los registros de jornada de las empresas y para eso tiene que desaparecer el registro en papel. Hasta 2023 se han puesto sanciones por valor de siete millones de euros, pero no ha sido suficiente, por eso el Gobierno plantea aumentar la cuantía de las sanciones y multar por cada trabajador en lugar de una sanción por empresa. Los empresarios no están por la labor de reducir la jornada, pero los sindicatos creen que existe margen para llegar a un acuerdo.
