Es poco habitual que la televisión, y especialmente los programas rosas, se hagan hueco entre los debates del Congreso. Pero el paso por los platós de Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil condenado por malversación; Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y con cuentas pendientes con la justicia, y la madre de El Cuco, el menor procesado por la muerte de Marta del Castillo, han irritado tanto a sus señorías que la Cámara Baja censuró ayer que determinados programas ofrezcan cuantiosas sumas de dinero a delincuentes o familiares por contar su versión, intentar convencer a la opinión pública de que son las verdaderas víctimas o dar detalles contradictorios a los ofrecidos en el juzgados. "Es perverso que ser un delincuente sea rentable", sostuvo la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, formación que propuso la iniciativa.
El grupo canario pretendía la reforma de la ley audiovisual para impedir que "un crimen genere beneficios", pero tuvo que rebajar su propósito para granjear el apoyo de PP y CiU y que la iniciativa fuese aprobada. Los conservadores ponía peros a la reforma legal, porque en su opinión puede atentar contra la libertad de expresión.
La proposición aprobada, además de rechazar que las televisiones paguen a condenados que tengan pendientes las multas e indemnizaciones impuestas, insta a los medios a que se "autorregulen". Para CC, es solo un "primer paso". El PSOE, por su parte, se abstuvo al considerar que la rebaja "desvirtúa" la propuesta inicial.
