"Recibí un correo con una amenaza de muerte tras dos años de coacciones": la abogacía se planta ante la violencia

"He recibido amenazas con vídeos. En uno, aparecía una mujer a la que estaban asfixiando cogiéndola por el cuello, con la mano izquierda, y golpeándola con la mano derecha. Ella lloraba. Debajo de la imagen ponía que eso es lo que me iban a hacer a mí". Este testimonio de la abogada Eva Papadopulos cuenta una de las tantas situaciones que viven las letradas en el ejercicio de su profesión. Desde el acaso físico o virtual, hasta las agresiones o el trato vejatorio, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acaba de anunciar que empezará a registrar cualquier tipo de violencia ejercida contra sus letradas en su desempeño profesional, creando un área específica de atención a las abogadas. En lo que va de año, el 67% de las incidencias reportadas por estas violencias corresponde a mujeres, la mayoría con edades comprendidas entre los 41 y los 50 años.

En el caso de Papadopulos Herrera, el acoso no quedó ahí. "También me han llegado mensajes en los que me decían que el tiempo en prisión les había destrozado la mente y que ya tenían el dinero suficiente para hundirme. Casualmente, a los pocos días se pinchó la rueda de mi coche". "Durante dos años, que se dice pronto, yo padecí coacciones continuadas de un justiciable", asegura su compañera, Amparo Martínez. Explica a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica que su relación con el cliente comenzó en abril de 2020, en pleno confinamiento, por el turno de oficio. Era por una reclamación a Orange. Según sus cálculos, les tocaría devolverle entre 2.000 y 3.000 euros; según el justiciable, más de 200.000 euros. Todas sus facturas, incluidas las de una olla exprés, los gastos de toda su vida de farmacia o los del tabaco, se las mandaba porque consideraba que eran consecuencia de la empresa de telefonía.

Como abogada con más de 25 años de ejercicio profesional a sus espaldas, entendió desde el principio que el cliente iba a ser problemático. "Nunca tuve contacto físico con él porque él lo decidía así. De hecho marcaba todos los tiempos, las pautas, las formas de comunicación... Era quien dirigía. Desde el minuto cero, cada una de sus comunicaciones eran imposiciones y exigencias. Me decía lo que tenía que poner, los tiempos, incluso me mandó un esbozo de los términos en los que tenía que hacer la demanda. Cada vez que esta persona me mandaba un correo, me creaba una ansiedad tremenda. Solo quería contestar lo más rápido posible para que no se enfadara", asegura.

Malestar psicológico

Hasta que en julio de 2022 recibió un correo con una amenaza de muerte. Estaba sola en casa. Su marido y su hijo estaban en el pueblo y ella se había quedado trabajando. A las dos de la mañana le dio un ataque de ansiedad y llamó al 112. Estuvo 62 días de baja y unos cuantos meses con tratamiento. Dejó el turno de oficio por el estrés postraumático, a pesar de que le gustaba y reivindicaba por su labor social.

Por eso ahora, a través de la asociación Defenda, busca que en situaciones como la suya se revoque la concesión de justicia gratuita al cliente y pague los honorarios por el asunto. Es, en el turno de oficio, donde se producen la mayoría de los expedientes recogidos por el ICAM: un 75%. "Ahí, estamos atados y no podemos renunciar al justiciable. Vivimos cosas que si te suceden por lo privado les señalas la puerta", afirma.

Afirma que está segura de que lo ocurrió fue por ser mujer: ni el siguiente abogado que tuvo, ni el compañero que le llevaba otro asunto, tuvieron problemas con el justiciable. Sin embargo, pese a haber vivido esta situación, no identificó la violencia hasta que se puso en manos de una profesional con un tratamiento psicológico. Como abogada que estuvo en el turno de violencia de género, esto le recordó a las propias víctimas de maltrato psicológico.

Diez tipos de violencia

Por eso ahora, lo que busca el ICAM es que los propios profesionales reconozcan cuando están viviendo una de estas violencias. En un encuentro, organizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo 25 de noviembre, los responsables del Colegio han denunciado las diferentes formas en que la violencia afecta a las letradas en el desempeño de sus funciones profesionales. Desde el acoso físico o virtual hasta las agresiones directas o el trato vejatorio, el Colegio madrileño ha identificado hasta 10 tipos de violencia ejercida contra sus profesionales.

Están el acoso físico, el ciberacoso, las amenazas o cualquier otro tipo de trato intimidatorio, los insultos, cualquier trato vejatoriocoso físico, las agresiones o violencia física, el trato desconsiderado en sala, el trato desconsiderado en escrito judicial y los obstáculos para el ejercicio profesional por razón de género.

Pedir amparo

La abogada Paloma Álvarez cuenta cómo, una vez, un cliente intentó agredirla cuando estaba firmando la solicitud de justicia gratuita en una asistencia en comisaría. Le pararon dos policías. "Les tuve que pedir que, por favor, tardaran un rato en dejarle salir para que yo me pudiera marchar", explica. En otra ocasión, en plena declaración judicial, un justiciable dijo delante del juez, y de toda la sala, que no quería que le asistiera una mujer. Le preguntó, por ejemplo, que "cuantos añitos" tenía. Saltó hasta la abogada contraria.

Javier Mata, diputado responsable de Defensa en el ICAM, deja claro que en estos casos se debe dejar constancia por escrito de la incidencia y comunicárselo a su departamento, aportando las copias documentales cuando proceda. Así, podrán tramitar las solicitudes de amparo colegial, como ocurrió con Amparo Martínez tras poner una denuncia en comisaría, o con Eva Papadopulos.

De las incidencias que los 1.332 expedientes de colegiados del ICAM que tienen este año, Mata explica que, salvo en una métrica, que es la que nos ha producido esa cierta alarma, hay prácticamente paridad: el 52% corresponden a mujeres y un 48% a hombres. La excepción está en las amenazas: de los 24 casos que han sido reportados este 2023, el 67% afectaban a mujeres letradas, la mayoría con edades comprendidas entre los 41 y 50 años.

"Los datos dan voz de alarma muchas veces de circunstancias que pueden estar soterradas y que queremos aflorar. Se ha puesto de manifiesto que un segmento concreto ha recibido más amenazas y vamos a indagar por qué", asegura Isabel Winkels, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid. Para ello, el ICAM empezará a registrar cualquier tipo de violencia ejercida contra las letradas en su desempeño profesional, creando un área específica de atención a las profesionales.