El Ministerio de Igualdad centrará su actuación en el impulso de tres leyes: la ley contra las violencias sexuales, que llegará la semana que viene al Consejo de Ministros; la ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, y la ley LGTBI, que impulsará antes del verano.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzó ayer las principales líneas de actuación de su departamento en su primera comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso. Allí adelantó que la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, un anteproyecto que aprobará el Consejo de Ministros el martes 4, incluirá la puesta en marcha progresiva de «centros de crisis» para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día.
Montero espera que esta ley, que incluirá la reforma del Código Penal relativa a los delitos sexuales para que la tipificación de la violación dependa del consentimiento, sea un referente mundial como lo fue la Ley integral contra la violencia de género.
Tras este proyecto de ley, Igualdad abordará una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual. Otro de los avances legislativos que pretende promover es la ley LGTBI que acabe con el estigma, la discriminación y las violencias que ha sufrido y sufre este colectivo. Montero estima que estará lista antes del verano. También precisó que el Ejecutivo ratificará el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo digno de las empleadas del hogar, que implica la equiparación de las cotizaciones y los derechos de este colectivo con el resto del trabajadores del régimen general. En cuanto al aborto, la titular de Igualdad afirmó que es una «prioridad» volver al marco normativo del 2010 para permitir que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo.
