La ley orgánica de educación (LOE) no será retirada, pero se negociará el anteproyecto con voluntad de acuerdo y con tiempo suficiente. Este es el resultado de la reunión celebrada ayer en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las organizaciones promotoras de la manifestación del pasado sábado contra la ley de educación.

Durante el encuentro, de casi tres horas de duración y calificado de satisfactorio por ambas partes, no se logró ningún acuerdo sobre la ley. De la posibilidad de alcanzar pactos se encargará el grupo parlamentario socialista, con el que las entidades se reunirán para "dialogar" la próxima semana. Las asociaciones que no convocaron la protesta también serán invitadas, según anunció el secretario de Estado de Comunicación, Francisco Moraleda.

MARGEN DE TIEMPO "Hay margen de tiempo para llegar a consensos importantes. La tramitación parlamentaria en marcha no será ningún obstáculo", subrayó Moraleda.

Luis Carbonel, presidente de la Confederación de Padres Católicos, aseguró que las organizaciones están "esperanzadas" con la promesa de diálogo de Zapatero y con que sus demandas se incluyan en la LOE. Pero también se confesaron "escépticas", ya que la regulación de la clase de Religión, que será evaluable pero no computable, no cambiará. Carbonel advirtió de que, si ven que el tiempo de negociación "no sirve para nada", convocarán más protestas.

Moraleda reiteró que la ley garantiza que cualquier padre pueda "escoger centro educativo y clase de Religión" para sus hijos. A su juicio, el auténtico pacto de Estado sobre enseñanza tiene que estar centrado en la "educación para la ciudadanía", lo que significa que nadie imponga "la libertad de su confesión a los demás". Moraleda insistió en que la reforma de la ley de educación debe respetar a los que tienen fe en una determinada confesión y a los que no la tienen.

DIMISION DE SAN SEGUNDO Los críticos a la ley, que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados, hicieron dos peticiones al presidente del Gobierno: que suspenda el proceso de tramitación de la ley y que la ministra de Educación fuera cesada por ser "la responsable de una ley que va en contra de una buena parte de la sociedad". En ambos puntos el Gobierno será inflexible. La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, seguirá en su puesto.

Moraleda subrayó en alusión al Partido Popular que el Gobierno está convencido de que cuando se abandonan el insulto o la frase hecha llegan los acuerdos. Afirmó que el Ejecutivo jamás ha insultado a los manifestantes, sino que los ha recibido y escuchado inmediatamente, mientras que "el PP ha dado más valor a la confrontación con el presidente del Gobierno que a la educación".