Piratas frente a procedimientos

Hemos aprendido mucho de las dinámicas de corrupción en este país que hemos sufrido por oleadas, sabemos lo ligadas que han estado a la construcción, a la financiación de las campañas políticas y de los partidos, y el terreno abonado que suponen los contratos públicos para aquellos que quieren corromper y corromperse.

La contratación pública es un complejo sistema jurídico y de gestión en el que se cruzan varios actores con posibilidad de ser devorados por las prácticas corruptas: los cargos políticos, hemos visto más casos delictivos por financiación heterodoxa para sus respectivos partidos políticos que por enriquecimiento personal; los cargos administrativos directivos y especialistas en contratación que están especialmente expuestos a la tentación de las cantidades de dinero que contienen los expedientes que gestionan y el tejido empresarial que puede caer, con estímulos políticos o sin, en la solución de buscar el camino más directo para hacer negocios con la Administración. Si es en la contratación pública, donde suele escenificarse la corrupción de alta intensidad, imaginen en marzo de 2020 cuando los controles de contratación de la Administración saltaron por los aires durante la pandemia. Cuando el proceso reglado y con controles internos dejó paso al mercado pirata de los conseguidores en ese sálvese quien pueda internacional para conseguir mascarillas y material sanitario. Empresarios reconocidísimos del sector como Luis Medina y Alberto Luceño tirando de contactos con el primo del alcalde Martínez Almeida para llegar hasta el Ayuntamiento de Madrid, o Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la presidenta Ayuso que en su contrato adendaba una comisión que se llevó Tomás Díaz Ayuso, o el último caso por ahora de la empresa con ese nombre que te sirve para un roto y un descosido, Soluciones de Gestión, y el exasesor del exministro José Luis Ábalos. Serán más los nombres de protagonistas de estas prácticas, algunos condenados, otros investigados sin que se probara el conocimiento de los que tramitaban los expedientes de esa relación de parentesco o amistad. El caso Koldo ha llevado al PP a registrar en el Senado una comisión de investigación circunscrita solo al caso que afecta al PSOE, y el PSOE propone una comisión de investigación en el Congreso sobre toda la compra de material sanitario durante la pandemia. No sabremos qué saldrá de las mismas, de lo que sí estoy segura es que sin procedimientos nuestra democracia es peor. No habremos salido mejores de la pandemia, pero igual más enseñados.

*Politóloga

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