El PP movilizó este domingo a cientos de miles de personas en toda España contra el proyecto de ley de amnistía que entrará esta semana en el Congreso y que, junto con otra serie de medidas acordadas entre el PSOE y otros siete partidos, permitirá la tercera investidura de Pedro Sánchez. Lógicamente, el impulso de esa movilización es político. Una vez que Alberto Núñez Feijóo no consiguió los votos necesarios para su propuesta de investidura, su partido está reclamando una repetición electoral. Todo lo ocurrido hasta ahora es legítimo: el candidato que ganó las elecciones recibe el encargo del Rey de intentar ser presidente, el Congreso no le da los votos y surge otro candidato que parece que sí que los va a conseguir. No es acertado por parte del PSOE menospreciar la presentación de Feijóo y no es acertado cualquier intento del PP de deslegitimar ahora la investidura de Sánchez porque el PSOE no quedó primero. El nuestro es un régimen parlamentario y el presidente lo eligen los diputados.

Dicho esto, es lógico que el PP, además de movilizarse por razones partidistas, quiera aspirar también a representar el malestar de muchos ciudadanos con las consecuencias de los acuerdos alcanzados por Sánchez con sus socios de investidura. No estamos hablando solo de militantes, simpatizantes o votantes del PP, sino también de votantes de otras opciones, incluso del PSOE, o simplemente de personas menos politizadas. Tan legítimo es llegar a acuerdos para gobernar como salir a manifestarse pacíficamente contra su contenido, o al menos contra lo que hasta ahora se conoce. Y si la ultraderecha o la extrema derecha se suman a esas movilizaciones, eso no las convierte en expresiones de sus ideas más involucionistas, cada uno se manifiesta por lo que se manifiesta y merece todo el respeto democrático. Todo este malestar social se podría evitar si los dos primeros partidos del Congreso se hubieran siquiera sentado a negociar en serio el apoyo al más votado, no solo en esta ocasión sino en anteriores con una correlación alterna, o si el Congreso no hubiera estado cerrado mientras se negociaba esta segunda investidura.

El PSOE ha atravesado líneas que hasta hace unos meses consideraba rojas. Su dirección y su militancia han dado el paso cohesionadas, como este domingo lo han hecho en Junts o antes en Sumar y en Esquerra. Pero todos lo han hecho sin debatir públicamente la piedra angular de este acuerdo que es el proyecto de ley de amnistía. Un secretismo que la futura oposición afea y que sume en la confusión a millones de ciudadanos. Desde luego, si ese proyecto de ley asume el relato de lo ocurrido en Cataluña en los últimos años que se recoge en el acuerdo entre Junts y el PSOE o incorpora el concepto de ‘lawfare’, militantes, simpatizantes y votantes del PSOE y de Sumar engrosarán, como algunos ya lo han hecho en las manifestaciones del PP, las filas de quienes lo califican ya de golpe contra el Estado de derecho. La candidatura de Sánchez es legítima, las manifestaciones en contra también, mientras que velar por la legalidad de lo que se convierta en ley de lo pactado corresponde al Congreso, a los tribunales ordinarios y al Tribunal Constitucional. Sánchez debería tomar nota de lo que le está diciendo la calle y Feijóo debe saber defenderlo en las instituciones.