La normalización de la necropolítica

Recientemente los estados miembros llegaron a un acuerdo en relación con el Pacto de Migración y Asilo, uno de los dosieres que quedaban pendientes y en el que ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto toda su energía. Alcanzar un acuerdo a 27 no era tarea fácil, de ahí la satisfacción del Gobierno al poder anotarse un tanto en un tema tan complicado como controvertido. Llegar a un acuerdo en esta cuestión, sin duda, era un objetivo. La cuestión aquí es qué tipo de acuerdo se ha cerrado y si en las condiciones en las que se ha cerrado son acordes al artículo 2 del Tratado de la UE y al marco general de los derechos humanos.

El cierre del Pacto de Migración y Asilo era una cuestión sobre la que se llevaba trabajando desde hace años, cuando la crisis de la gestión del refugio mostró a los europeos la ineficacia del marco de asilo sobre el que llevaban operando durante años, los Reglamentos de Dublín. Desde el año 2020 la Comisión ha estado trabajando con poca fortuna en la aprobación de un texto que pudiera ofrecer una política migratoria integral, algo en lo que se lleva trabajando desde el Consejo Europeo de Tampere de 1999. La agenda propuesta por la Comisión de Von der Leyen se centraba de manera casi exclusiva en las cuestiones vinculadas al control migratorio, olvidando que la política migratoria es mucho más que eso.

Los ejes sobre los que pivota esta apuesta son tres: las relaciones con países terceros, o lo que es lo mismo, la externalización de la gestión de los flujos migratorios; el control de las fronteras exteriores, es decir, el blindaje y militarización de la frontera, y la cuestión de la solidaridad interior. La idea de fondo es que los estados que se encuentran en la primera línea tendrán que implantar un procedimiento de asilo más estricto para aquellas personas cuyos expedientes tengan poca probabilidad de ser aceptados. Y todo ello al tiempo que se incentivarían las repatriaciones rápidas a países de origen y tránsito. Es curioso que aquellos que apoyan este acuerdo plantean que se trata de una solución creativa que contenta tanto a los estados fronterizos sin obligar a otros países a acoger a solicitantes de asilo. El hecho cierto es que este acuerdo llevará a una proliferación del número de centros de detención en las fronteras incluso ampliando los plazos de internamiento y convirtiéndolos de facto en zonas de no derecho.

En realidad, lo que se consigue con este pacto es reducir el derecho de asilo a su mínima expresión en un acto de la UE que vulnera de manera flagrante los acuerdos internacionales firmados por todos y cada uno de los estados miembros. Pero, además, el principio de solidaridad, que es uno de los pilares esenciales del marco comunitario, con este pacto queda absolutamente roto, puesto que los estados pueden decidir unilateralmente si reciben o no a las personas migrantes o si pagan una multa a cambio. Así en países como Italia se podrán acelerar los procedimientos de asilo y apelar a la ayuda rápida del resto de socios europeos, al tiempo que acelera las repatriaciones hacia un Estado fallido como Libia por mor de un acuerdo bilateral firmado por Roma en el que el respeto por la vida humana brilla por su ausencia. Este acuerdo impide que las personas que lleguen a las fronteras puedan ejercer su derecho a solicitar asilo, algo a lo que los estados de la UE están obligados como firmantes de los Convenios de Ginebra y, por tanto, se estaría vulnerando el derecho internacional, y se sacralizaría el derecho de los estados a rechazar a las personas migrantes en frontera si se sospechara que estuvieran siendo «instrumentalizados» por un tercer actor, como fue el caso de la crisis en la frontera de Bielorrusia en el que se identificaron flagrantes vulneraciones de los derechos fundamentales de estas personas.

Así, este pacto, en los términos actuales supone, sin ningún género de dudas, un retroceso en la construcción de una Europa de los derechos y donde la cuestión migratoria ha sucumbido a la agenda de los más reaccionarios. La consecución de este pacto es un tanto a favor de la presidencia española, pero el precio a pagar se antoja demasiado elevado.

*Profesora de Ciencia Política en la UCM

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