SOS justicia

La Administración de Justicia está en la UVI. La falta de actividad en los últimos casi 6 meses, los paros concatenados de los diversos cuerpos de profesionales que la atienden, la carencia de medios materiales y recursos humanos sumados a los defectos estructurales que la atenazan desde hace décadas está llevando a que la garantía de los derechos de los ciudadanos se vea seriamente mermada. Con 700.000 juicios suspendidos en todo el país y 40 millones de actos procesales pendientes según los sindicatos, señalan los expertos que se tardará mucho tiempo en volver de nuevo a recuperar la normalidad de la actividad tras el colapso de los últimos meses.

Parece que los responsables públicos no se dan cuenta de la necesidad y la importancia del correcto funcionamiento del tercer poder del Estado, para la salud democrática del país y la convivencia armónica de sus ciudadanos. Se pone en juego nada menos que el Estado de Derecho y el sometimiento de todos los ciudadanos e instituciones al imperio de la ley como mandata el artículo 1 y 9 de la Carta Magna. Lamentablemente, el debate político se ha centrado en el control político, la adjudicación partidaria de los sillones de mando del CGPJ y en el sistema establecido para ello. Pero el mal que acontece en nuestra administración de Justicia es mucho más profundo y tampoco es sólo un tema de subidas salariales. Muchas veces se ha hablado ya de una obsoleta ley de demarcación y planta judicial que no llega a cambiarse, o de una ratio de jueces que se sitúa a la mitad de la media de los países de la Unión Europea, o de incluir sistemas de mediación mucho más flexibles, rápidos y económicos para que las partes puedan encontrar los propios cauces de resolución de los conflictos, como están desarrollados en muchos países de nuestro entorno.

Que el señalamiento de un juicio por una reclamación de cantidad laboral se agende a 3 años vista es para desesperar a cualquiera. Hay procedimientos en poblaciones de órganos judiciales unipersonales que tardan numerosos años en resolverse. Y tantas desventuras que no encuentran solución en una justicia lenta. Teniendo en cuenta que, por contra, la atienden magníficos profesionales que trabajan mucho más allá de los módulos de procedimientos que tienen asignados.

Y junto al justiciable, en la base de la pirámide se encuentra el profesional de la abogacía, el único que no tiene derecho de huelga, ni días de asuntos propios, ni conciliación familiar alguna, presionado por los clientes y por el sistema. Y si es del turno de oficio, recibiendo una retribución totalmente indigna de un Estado avanzado como el nuestro, la situación es vergonzante.

Por eso, en estos momentos, son bienvenidos todos los esfuerzos y las propuestas como las presentadas por las asociaciones profesionales de la judicatura, el Consejo General de la Abogacía Española o la recientemente presentada por los Colegios de Procuradores de Madrid y Barcelona para agilizar los procedimientos y darle mayor utilidad a su actividad a favor de esa administración de Justicia. Estamos en el momento preelectoral, en que los partidos políticos tendrían que asumir como uno de los ejes fundamentales de su proyecto para los próximos años, realizar los cambios necesarios en las leyes procesales y de planta judicial, y dotar de todos los medios materiales y humanos precisos a este poder fundamental del Estado, para que acudir a los Tribunales de Justicia sea un remedio, y no un calvario y una condena ‘per se’ para las partes en conflicto.

 ** Abogado y mediador

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