Los dos policías locales de Estepona que violaron a una chica de 18 años no van a pasar ni un solo día en la cárcel. Aquí está el titular, aquí la indignación. Pero también la sombra y la extrañeza de querer entenderlo, sobre todo cuando llegan informaciones del entorno de la víctima que te lo razonan con el interés de ella por delante. Sucedió en 2018. Todo se ha debido a un pacto entre las partes, porque la muchacha no quería afrontar otro juicio como el de ‘La Manada’, en el que se sintiera --ese palabro--, «revictimizada». Es decir: esta chica lo que quería, lo que quiere, es vivir y dejar vivir, y para eso necesita alejarse de aquello, no revisitarlo. Se ha renunciado a los 30 años de cárcel porque la acusación ejercida por la víctima y la defensa de los denunciados han llegado a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Desde luego lo va a ser para los dos policías, que han cambiado la cárcel por un curso de reeducación sexual. Quedarán también señalados el resto de sus vidas como agresores sexuales al estar incluidos en el fichero nacional de delincuentes sexuales y permanecerán cinco años en libertad vigilada, por lo que deberán presentarse cada mes ante el juzgado de su localidad durante el primer año y comunicar cualquier cambio de domicilio a las autoridades en los cuatro años siguientes. Además, los condenados no podrán trabajar con menores ni adolescentes, ni en la función pública, y tampoco podrán acercarse a la muchacha a la que violaron a menos de 500 metros, ni comunicarse de ningún modo con ella, durante los próximos diez años. Se entiende como atenuante el pago de una indemnización de 80.000 euros a la víctima, como reparación de daño. Y el Ayuntamiento de Estepona, que ya había abierto expediente contra los dos agentes, ha expulsado definitivamente del cuerpo de Policía Local a uno de los dos, que formaba parte de la plantilla de Estepona; al otro, destinado allí en comisión de servicios, no se le ha renovado, trasladándose la continuidad del expediente a su Jefatura de origen.
Todo esto hay que contarlo, hay que explicitarlo, porque si no parece que sus actos no van a tener ninguna consecuencia. Sí la van a tener, en una doble dirección: sobre los condenados, en la forma en que acabo de exponer, y también para la víctima, que logra su objetivo de desembarazarse del embrollo de un juicio mediático, con una tremenda exposición pública, que le iba a hacer padecer de nuevo la agresión que sufrió, que iba a soltar su estabilidad emocional en una trituradora, alargando, no se sabe hasta cuándo, su padecimiento psicológico. La gente no lo entiende: ni en Estepona ni fuera de Estepona. Pero lo primero que debemos respetar aquí es la voluntad de la víctima. Es decir: lo que se ha primado no ha sido ningún enfoque heteropatriarcal de la justicia, sino el respeto supremo hacia el dolor de la denunciante, que es la que ha elegido no solamente el castigo de sus agresores, sino también su propio descanso, su propia serenidad y seguir adelante.
Así que, para que quede bien claro, no puede haber ni un gramo de reproche a esta mujer. Ella es quien fue agredida, y marcada igualmente para siempre; pero no con la inclusión en ningún fichero, sino cortada a fuego sobre la piel y dentro de su recuerdo. Ella es quien ha tenido que gestionar el daño. Ella es quien ha debido sobreponerse. Ella quien ha tenido que volver a enfrentarse con los hechos. Y ella quien tiene la libertad de elegir la manera de enfocar sus posibilidades procesales. Así que toda la solidaridad y mi compasión con una mujer que ha padecido lo que nadie tendría que sufrir nunca: que alguien pueda imponer su salvajismo sobre tu propia libertad, cuyo templo es tu cuerpo.
Sin embargo, la fractura es evidente en un sistema que hace que una mujer decida no pedir la pena que realmente merecen sus agresores para no padecer un juicio que puede convertirse en un circo, que va a exponerte más y va a cuestionarte socialmente. Y además, un crimen así tiene una víctima concreta, pero también ejerce otro daño colectivo. Por eso mismo la gente no lo entiende: porque nuestra conciencia nos exige una pena mayor que un cursito de reeducación, el registro en un fichero y una orden de alejamiento, cuando la alternativa era la cárcel. 30, 20 o 10 años, me da lo mismo: pero no la impunidad que acaba reflejando esta sentencia. Insisto: es la voluntad de esta mujer y nada tengo que oponer a eso. Pero que quien sí decida seguir con su derecho adelante se sienta protegida de verdad.
