Con buen criterio, el Ayuntamiento de Cabra aprobó en noviembre pasado, y ha puesto recientemente en marcha la figura de la Defensoría de la Vecindad, como figura de mediación sobre las quejas ciudadanas ante el Consistorio egabrense y los servicios y empresas municipales, que tiene un reglamento orgánico propio que le garantiza la autonomía de su gestión y el consenso de su elección. Se recogen así las recomendaciones de las Federaciones, tanto Española como Andaluza, de Municipios y Provincias, dentro de la segunda descentralización que, tras superar el marco de las autonomías, se centra en el ámbito local como enclave cercano, donde los ciudadanos ejercen sus derechos y deben acceder a sus garantías.
Las defensorías ciudadanas locales y provinciales existen en nuestro país desde la década de los años 90, acentuándose su promoción tras la aprobación en Saint-Denis de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, hace ahora 22 años. Desde que se creara hace más de dos centurias la figura del Ombusman en el derecho sueco, del que descienden nuestras defensorías modernas, los ciudadanos son cada vez más conscientes de los derechos que les amparan y de los medios que disponen de garantía de los mismos más allá de los órganos jurisdiccionales, frente a los que ostenta claras ventajas de orden práctico, dado su carácter ágil y flexible, frente a la vía judicial que hoy resulta lenta y costosa, caminando además por la senda de la confrontación entre partes, y la carencia de medios que sufre, llevando a una ralentización en los procedimientos que la cuestiona como servicio público. También las defensorías mejoran el papel de las comisiones municipales de quejas y reclamaciones, donde los propios capitulares son juez y parte de los procedimientos, muchas veces resueltos no por criterios de justicia sino de la conveniencia de las mayorías políticas. El objetivo de las defensorías es la defensa de los derechos de la ciudadanía en el ámbito local, por lo que pueden examinar y resolver las quejas formuladas de acuerdo con los criterios de legalidad y de equidad. También actúan como mediadores, o bien proponen fórmulas de conciliación o acuerdo entre la administración y la ciudadanía. Con ello se contribuye a mejorar la eficacia y transparencia del funcionamiento de las Administraciones, así como la calidad de los servicios públicos. El defensor vela también para que la ciudadanía pueda disfrutar de una buena administración local, ese derecho a la buena administración que se ha consagrado dentro de ese nuevo bloque de derechos de segunda generación.
En el año 2010, existía una figura parecida, creada y sostenida en el seno de la Diputación cordobesa, de carácter independiente y apolítica conforme a su reglamento orgánico, nombrada por unanimidad de todos los grupos políticos y dando cuenta de su gestión anualmente al Pleno de la Diputación y a los ciudadanos. Figura de consenso que llegó a estar conveniada con 67 Ayuntamientos de la provincia, más otros 12 que se encontraban adheridos, atendiendo cerca de 700 reclamaciones anuales. Además de fomentar la participación ciudadana, dinamizar encuentros y jornadas o realizar informes sobre temas sociales, hasta que fue suprimida tras las elecciones locales de 2011, después de funcionar durante 14 años con el nombre de Asesor del Ciudadano, primero, puesto que desempeñara Carmelo Casaño, y después con un nuevo reglamento, como Defensor de la Ciudadanía, que ocupara un servidor de ustedes durante 6 años. Enhorabuena a todos los egabrenses por contar con este recurso y a todos los grupos políticos de ese municipio, al mostrar su madurez democrática y confianza en este tipo de instituciones que ofrecen transparencia y confianza a los ciudadanos.
