No cabe duda de que las cifras de contagios y los fallecimientos se encuentran a la baja y las vacunaciones al alza, pero la pandemia sigue estando presente. No las tenemos aún todas con nosotros. Algunos expertos virólogos dicen que esto de la pandemia no es cosa de los países en particular, sino que es un problema global, entre otras cosas porque una persona que esté en la otra punta del mundo y esté incubando una variante nueva de coronavirus y viaje a cualquier país, pues eso, que contagia allá donde esté. Por tanto es un problema de todos. No obstante, en España se nos acaba el estado de alarma. Sabemos que el 9 de mayo el Gobierno ha decidido que todo vuelva a la normalidad, al menos en lo que se refiere a las libertades fundamentales.
Pero como decimos la pandemia sigue aquí y la responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos ¿Y qué pasará si estos toman algunas medidas tendentes a controlar al virus y que vuelvan a afectar a algunos de nuestros derechos constitucionales? Pues probablemente se planteará una situación en la que los partidos políticos en la oposición, los empresarios afectados, las asociaciones de consumidores o los propios ciudadanos recurrirán las medidas adoptadas por los ayuntamientos o las comunidades ante los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces que serán los que tendrán que ponderar. Por tanto, la palabra clave será «ponderación». Serán los jueces los que tendrán que decidir a qué derecho en cuestión se da más preponderancia para mantener establecimientos de ocio cerrados, impedir celebraciones religiosas, manifestaciones o imponer el uso de mascarilla en los paseos marítimos. Y se volverá a dar la circunstancia de que mientras un juez de Andalucía acuerde una medida, otro en Extremadura haga lo contrario. Vamos... Una alarma de estado.
* Mediador y coach
