Desde el confinamiento se ha estado advirtiendo que la economía española iba a sufrir una crisis muy profunda, incluso asumiendo cierta remontada por el turismo. Ahora ya sabemos que el hecho de no controlar los rebrotes nos ha costado la campaña turística. Eso sí, para una mayoría de auto denominados progresistas, el Gobierno tampoco tiene ningún tipo de responsabilidad en ello, como no lo tiene en nada; pero esta clase de fanatismo político, por desgracia en nuestro país, se ha convertido en algo ya habitual que está otorgando una peligrosa carta blanca a nuestros gobernantes actuales. Es cierto que la Unión Europea (UE) nos va a dar ayudas (aproximadamente algo más del 11% del PIB nacional anual en ayudas a fondo perdido y créditos), pero para recibir dichas ayudas hay que saber en qué gastarlas. Esto implica tener una planificación de actividades e inversiones productivas, y ahí también tenemos un problema serio. A septiembre de 2020, de todos los Fondos Estructurales que nos ha dado la UE para el periodo 2014-2020 (algo más de 56.000 millones de euros), aún no se han asignado un 20%, es decir, vamos a perder más de 11.000 mil millones de euros de dichos Fondos por tener unos gestores políticos incapaces de planificar y asignar adecuadamente ese gasto. A esto se le une que tampoco se ha pedido ningún régimen específico de ayudas, ya dotadas por la UE, para el turismo. Pero no hay de que preocuparse, porque son todos republicanos e inclusivos. Así que, yo no tengo demasiadas esperanzas sobre que esos 140 mil millones de euros (que estimados de forma neta son algo menos, ya que, España aporta unos 12.000 millones año y hemos perdido más de 4.000 millones de la Política Agraria Común para el próximo periodo programático 2021-2027) se empleen de forma eficiente.
Y ¿ahora qué? Pues como estamos viendo, más de lo mismo. La crisis económica, y por supuesto la social, ha llegado para quedarse mucho tiempo. La desastrosa gestión económica (que en términos humanos es infinitamente peor con unas 50.000 personas muertas) ya se está reflejando en las mayores caídas del PIB de la UE y, por supuesto, en la merma del empleo. En esta columna, he hablado en diversas ocasiones de cómo el empleo en España es altamente sensible a las crisis económicas, ya que las absorbe en mucha mayor medida que en cualquier otro país europeo en términos de su destrucción. Esto ya se reflejó en los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, con una reducción de la ocupación en un millón de personas, algo que aún no se tradujo en el aumento significativo de la tasa de paro al reducirse también la población activa en otro millón (cuestión muy preocupante y que habría que analizar por separado). Obviamente, los datos que vierta la EPA del tercer trimestre van a ser mucho peores que estos, no solo por la continua caída de la actividad sino por los despidos de aquellos trabajadores que se encuentran en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que no van a entrar en la prórroga. No obstante, como el grueso de trabajadores en ERTE sí pueden ser prorrogados, la imagen real del desastre se retrasará a febrero, aunque los 5.000 millones de euros al mes seguirán saliendo de las maltrechas arcas públicas, es decir, de nuestros impuestos.
En este contexto tan «positivo» de desgobierno se están intentando negociar los Presupuestos del Estado, para ver si ya no hay que prorrogar más los denominados Presupuestos de Montoro de 2018. Y, de nuevo, la cosa no pinta bien, ya que las negociaciones se están realizando directamente con los partidos separatistas. Esto implica que el apoyo a dichos presupuestos pasa por dar más dinero y privilegios a Cataluña, País Vasco y Navarra, es decir, tres de las cuatro regiones más prosperas de España, mientras se atenta contra la solidaridad interterritorial; lo que implica que regiones con menos desarrollo económico, que además serán aquellas gobernadas por partidos de la oposición (como el PP), tendrán menos recursos disponibles. Se sabe que en el caso de las citadas comunidades autónomas ese dinero irá a seguir financiando los fines separatistas y a crear discordia, y se sabe que Andalucía no quedará bien parada por los fines personales y partidistas que hoy en día parecen primar en todas las decisiones que se toman, pierda quien pierda.
* Profesora de Economía financiera de la Universidad de Córdoba. @msalazarord
