Ahora que ya estamos viviendo en la «nueva normalidad», aunque es innegable que nos embargue una cierta inquietud, ahora que en nuestra ciudad ya no hay polémicas ni debates «absurdos y estériles» (callejero, titularidad de la Mezquita, asunto Cosmos) --alcalde dixit--, ahora que parece que la ciudadanía dirige su atención a un presente problemático en el que los efectos económicos y sociales de la pandemia del covid-19 apenas han comenzado a hacerse notar, sin embargo, no resulta ocioso insistir en dar a conocer ciertos retazos de nuestra historia, no tan lejana, cuando nos encontramos ante un nuevo 18 de julio y cuando, desde el Gobierno, se anuncia una reforma de la actual Ley de la Memoria Histórica. Lo digo para conocimiento, por ejemplo, de nuestro equipo de gobierno municipal, siempre tan atento a insistir entre la ciudadanía en el profundo conocimiento de la Historia de nuestra ciudad, o para el propio Comisionado de la Concordia de la Junta, tan activo desde su nombramiento en plena pandemia.
¿Qué cordobés de una cierta edad no ha conocido la taberna El Barril, situada en la castiza Puerta Gallegos y que cerrara sus puertas, definitivamente, el 20 de febrero de 2011, como ya lo venían haciendo otras emblemáticas tabernas de la ciudad de Córdoba?. Todas las tabernas han sido a lo largo de su trayectoria lugares de expansión de la sociabilidad, lugares en los que se han venido expresando los necesarios momentos de ocio y de negocio, de una ciudad que parece que siempre ha caminado con un ritmo lento, pausado, reflexivo y sólo alterado cuando determinadas circunstancias locales o más generales lo interrumpen intermitentemente. La taberna El Barril encerró en sus paredes una historia poco o nada conocida por los cordobeses y que a los 10 años de su cierre merecería la pena ser comentada.
En enero de 1939 aún faltan unos meses para el final de la Guerra Civil aunque en Córdoba, como de sobra es conocido, los golpistas han logrado hacer triunfar la sublevación militar desde las primeras horas de la tarde del 18 de julio, desencadenando una represión importante, quizás, de las más duras desarrolladas en todo el país y que no por suficientemente conocida debería seguir siendo recordada y difundida entre las nuevas generaciones, sobre todo para que el mejor conocimiento de esa etapa de la historia de nuestra ciudad, de su memoria oculta muchas veces con la complacencia de quienes debieran contribuir a desentrañarla, les ayudara a desarrollar una auténtica conciencia cívica. Según recoge el sumario 51/39 instruido por el Consejo de Guerra Permanente de Córdoba, se abre el 18-I-1939 procedimiento sumarísimo por delitos de traición y espionaje a 20 individuos, entre los que se encuentran el activista, «que se hace pasar por alférez provisional», F. Coll, el conocido médico odontólogo M. P. G., Eduardo López Castillejo, concejal socialista de Córdoba, el tipógrafo Salvador Gordo, varios vecinos de la barriada del Cerro Muriano y también el dueño de la taberna de El Barril, Antonio Luque Salado, que serían imputados, procesados y condenados a diversas penas, entre ellas la de muerte, que es aplicada en varios casos de forma inmediata. Los cargos que se les imputan en el sumario abierto son los de ser miembros de una red de espionaje que viene actuando en Córdoba para facilitar información logística al «enemigo rojo» y, concretamente, al dueño de la taberna El Barril se le acusa de que «consentía que se reunieran elementos rojos del espionaje en su propio establecimiento, conociendo la finalidad de dichas reuniones, contrarias a los intereses del Movimiento Nacional».
Como decimos, faltaban aun unos meses para el fin de la guerra, estábamos en el «año de la victoria», y daban inicio los primeros balbuceos de un régimen dictatorial, con aquella dimensión nacionalcatólica tan pronunciada, que durante esta etapa de consolidación, alentado por los éxitos militares de las potencias del eje que le habían ayudado a derrotar a la República, no tenía ningún reparo en continuar con sus políticas de represión y control social, de lo que todo ese conjunto de soportes jurídicos que fueron la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y la propia Ley de Seguridad del Estado, aprobadas en aquella coyuntura, así como la continuidad y presencia de la jurisdicción militar para juzgar posibles «delitos» políticos y sociales, nos expresan más que suficientemente.
Vayan estas notas acerca de la desconocida historia de la taberna El Barril, cuando hace ya casi 10 años que desapareciera del día a día de nuestra ciudad, dedicadas a la recuperación de nuestra historia y memoria ocultas y cuando cumplimos estos días un nuevo aniversario de aquel infame golpe de estado que provocó la Guerra Civil.
*Catedrático de Historia Contemporánea
