El Gobierno tiene prácticamente ultimado el borrador de Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local --inspirado en el principio de "una Administración, una competencia"-- y que va a llevar a cabo una "revolución" de nuestros ayuntamientos y diputaciones al constituir una reforma en profundidad de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En primer lugar, pretende que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, evitando que gasten más de lo que ingresan. En este sentido se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las denominadas "impropias" (las que no les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación). Es decir, se atribuyen, con precisión, las que deben ser desarrolladas obligatoriamente por los municipios, diferenciándolas de las estatales o autonómicas (a las comunidades autónomas pasan las de educación y sanidad). Sólo cuando las primeras estén garantizadas financieramente podrán prestarse otras distintas.

En segundo lugar, se mejora la regulación de los convenios entre administraciones para eliminar duplicidades. Hasta el momento eran un foco de endeudamiento al no ir acompañados de su correspondiente financiación. Por tanto, prevé el anteproyecto que los convenios por los que el Estado, las comunidades autónomas o cualquier entidad local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios han de ser aceptados expresamente por éstos, suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública (reservándose la Administración delegante los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio) e ir siempre acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

En tercer lugar, el anteproyecto no contempla la supresión de ningún municipio, salvo de las 3.725 entidades locales menores existentes en la actualidad, entre las que están las pedanías o las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependan. Ahora bien, se fomenta la agrupación de servicios para lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala. Así se suprimen todas las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sean poco transparentes por no aprobar sus cuentas anuales (en la actualidad un 71,3 por 100), pasando sus competencias a las diputaciones provinciales, consejos insulares o cabildos y comarcas. Por tanto, lejos de desaparecer las diputaciones, tal y como como fue objeto de debate en la última campaña electoral, saldrán reforzadas al asumir la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a 20.000 habitantes. De este modo, el ahorro generado por la absorción de estos servicios alcanzaría los 3.500 millones.

En cuarto lugar, se pretende redimensionar el sector público local (organismos autónomos, sociedades, fundaciones y consorcios) para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes. Todos aquellos que no corrijan su déficit antes del 31 de diciembre de 2014, deben quedar disueltos el 1 de agosto de 2015.

En quinto lugar, la figura del interventor municipal se fortalece y pasa a depender, funcionalmente, de la Administración General del Estado. De esta forma se le dota de mayor independencia y objetividad, pero también permite aplicar criterios comunes en todo el territorio nacional y con el objetivo de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.

En sexto lugar, el anteproyecto limita los sueldos de los alcaldes y presidentes de las diputaciones, de forma que no podrán exceder del correspondiente a un ministro (68.981,88 euros), así como las retribuciones de la Corporación Municipal no podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal. Para ello y a partir de la próxima Ley de Presupuestos, cada año han de fijarse los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio.

Por último, se eliminan 21.338 concejales de cara a las próximas elecciones municipales y los municipios más grandes no podrán tener más de 35 concejales. Esta previsión se contempla en un segundo anteproyecto de Ley por el que se reforma la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

* Socio director de F&J Martín Abogados. Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universidad Complutense.