A punto de cumplirse cinco años de la promulgación de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, es hora de reconocer lo que ha supuesto para la sociedad española. Esta medida legal ha sido imprescindible para que la mentalización social en contra de estos crímenes haya calado hondo en la sociedad y ha tenido trascendencia para conseguir la protección de las víctimas de malos tratos y la figura de respeto y dignidad que han obtenido las mujeres.

Esta ley ha demostrado ser un eficaz instrumento, muchos han sido los malos tratos evitados y los asesinatos que, gracias a la valentía de las víctimas y a la colaboración ciudadana, se han impedido. Muchas son las mujeres que son, han sido y serán protegidas y salvadas de una certera situación de grave riesgo físico y psíquico y muchos también los menores y mayores que han podido salir de la espiral de terror, crueldad y violencia que los malos tratos significan, gracias a esta ley y a su desarrollo. Pero, como toda ley debe ser complementada y perfeccionada a la vista de los datos que nos muestran los resultados de su aplicación.

Por ello, no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes o soterrados en las familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en los videojuegos, etc., que siguen retransmitiendo una imagen de la mujer que denigra profundamente su papel y su situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace responsable, casi, de todos los males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable.

Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo más hondo de personas jóvenes que están formando su personalidad y les hace reproducir tan terrible violencia, lo que conlleva a que la edad de maltratadores y víctimas sea cada vez menor y que los casos de maltrato hayan aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años.

Debemos, pues, trabajar para que la percepción social de la mujer no siga siendo sesgada, de dependencia ni de dominación. La educación en valores democráticos implica colocar el papel de la mujer como persona en igualdad de derechos y para ello la educación, tanto en la familia como en el aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones de manera prioritaria. El desarrollo de programas específicos contra la violencia de género en las escuelas, institutos y universidades debe abordarse como base fundamental, como el puntal definitivo para terminar con la violencia de género.

Pero también un compromiso más explícito en los padres y en las madres para que cuestionen todo aquello que contribuya a la perpetuación de los roles de la desigualdad, y para que manden mensajes directos a sus hijos e hijas: no se te ocurra controlar a una mujer, y no te dejes nunca controlar por un hombre.

Estamos en un momento en que la sociedad debe asir las riendas del cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes y haga un llamamiento general al respeto, a la dignidad, al valor social imprescindible de las mujeres como sujetos poseedores de los derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad.

El futuro debe ser construido sobre los pilares de los derechos humanos, de todos ellos, si falta alguno, como ahora sucede con la igualdad, el futuro nunca llegará. Es cierto que todos debemos construir el futuro, pero también es verdad que la aportación de los jóvenes y las jóvenes es decisiva para que el espacio conquistado sea un lugar de convivencia donde se encuentren la igualdad con la libertad, y la justicia con la dignidad. Y entonces, simplemente, convivir.

* Secretaria de Igualdad del PSOE-A de Córdoba