España ya no es católica

«He conocido -diría Miguel Maura- tres Azañas diferentes en tres etapas sucesivas: el del periodo revolucionario y el Gobierno provisional; el de la Presidencia del Consejo y la máxima responsabilidad de Gobierno y el Azaña físicamente acabado, moribundo, pero con su cerebro privilegiado no sólo intacto, sino afinado por la enfermedad y la desgracia, un mes justamente antes de su muerte… pero el de entonces, el primero de la serie, era con mucho, el peor: despectivo, soberbio, incisivo sin piedad y sin gracia, reservado para cuantos no fuesen sus habituales contertulios, despiadado en los juicios sobre las personas y los actos ajenos; en una palabra: insoportable».

Pues bien, este primer Azaña, el demagogo, el insoportable, el soberbio, el resentido, es el que una vez triturado el ejército se enfrenta a la Iglesia. No era misión suya, pero para aquel Azaña no hay límites y cuando el 1 de mayo de 1931 el cardenal Segura, arzobispo de Toledo y Primado de España, publica su famosa pastoral sobre los deberes de los católicos con la República, se enfurece y en base a la Ley de Defensa no lo duda y tan solo unos días después lo expulsa de España, exiliado a Roma (donde permanecería hasta el final de la Guerra el año 1939).

Sin embargo, no se conforma y cuando en los debates constituyentes le toca el turno al artículo 26 que se refiere a las relaciones Iglesia-Estado, se explaya y saca todo el resentimiento anticlerical que había ido almacenando desde El jardín de los frailes. Es cuando dice la famosa frase que pasaría a la Historia: «España ha dejado de ser católica».

Pero oigamos sus palabras sacadas del Diario de Sesiones de las Cortes:

«Cada una de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español.

Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer.

Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. Sería una disputa vana ponernos a examinar ahora qué debe España al catolicismo, que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas; yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España, porque una religión no vive en los textos escritos de los Concilios o en los infolios de sus teólogos, sino en el espíritu y en las obras de los pueblos que la abrazan, y el genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su genio político su derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos. (Muy bien)».

Confesiones religiosas

Al final, el artículo 26 quedó redactado así:

«Artículo 26: Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de dos años del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente imponen, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases: 1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyen un peligro para la seguridad del Estado.

2. Inscripción de las que deban subsistir en un Registro especial dependiente del ministro de Justicia.

3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumpliendo directo de sus fines privativos.

4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.

Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».

Fue una victoria aplastante de Azaña ya que 178 diputados votaron a favor de las enmiendas presentadas por el ministro de la Guerra contra 30 abstenciones y 19 noes.

Y como consecuencia de este triunfo del resentido y los republicano-socialistas de Largo Caballero se produjo la primera crisis del Gobierno, ya que Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional, y Miguel Maura, ministro de la Gobernación, dimitieron y le dejaron hasta la presidencia del Gobierno.