La realidad que describen los colectivos que trabajan a pie de calle con los menores extutelados no tiene nada que ver con la visión que ofrece la Consejería de Políticas Sociales, que más allá del número de jóvenes que cumplieron 18 años en el 2018, no aporta datos sobre los recursos disponibles que permitan valorar la actuación. Su respuesta a tales cuestiones es que se ha realizado un «esfuerzo importante» para atender la llegada masiva de menas y que «en julio pasado se crearon 400 plazas en dispositivos de emergencia en Andalucía» y en septiembre «un dispositivo en Lucena gestionado por SAMU». Todo ello, para menores, pero ¿y después? Según la Junta, el servicio de protección debe realizar seguimiento al menos un año tras la salida del menor, «requisito limitado al consentimiento del joven», pero no concreta en qué consiste ni cómo se lleva a cabo. También asegura que «se están respetando escrupulosamente los plazos para tramitar la autorización de residencia, tarjeta de identidad y resolución de desamparo» o que se está «facilitando la intervención de asociaciones que trabajan con inmigrantes», aunque no señala las plazas disponibles ni la financiación que se aporta a este fin.
Por último, la consejería afirma que los chavales reciben apoyo de los mediadores del servicio de protección en el proceso para alcanzar la autonomía siempre que cumplan los requisitos, colaboren adecuadamente y respondan al itinerario que se establezca, aunque los colectivos señalan que hay muchas lagunas en el proceso más por falta de medios que de voluntad de los trabajadores. La realidad en la calle parece muy distinta a la que se cuenta sobre el papel.
