El sistema público de enseñanza deberá alcanzar de aquí a un año una tasa máxima de interinidad del 8% en las aulas, exigida por la Unión Europea (que puso de plazo el 2020), una cifra que superaba el 20% hace menos de un lustro y que de momento se sitúa en el conjunto del sistema en torno al 16%, aunque varía considerablemente en función de la etapa escolar. La caída de la natalidad y las convocatorias de empleo han servido a la administración andaluza para recortar al máximo el número de interinos en Infantil y Primaria, lo que ha supuesto que, de cara al próximo curso la tasa se sitúe en un 6%, según fuentes de la Consejería de Educación.
El resultado de esta contrarreloj es que, tras la última convocatoria de plazas, «se van a quedar en el paro más de mil interinos con amplio tiempo de servicio», según fuentes de Ustea, que consideran que las instrucciones publicadas por Educación a finales de junio, según las cuales se amplió el horario de Educación Física y Religión, servirán también a la Junta para no tener que incorporar más interinos en especialidades como Primaria.
El panorama es complejo. Por un lado, el sistema cada vez incorpora menos niños en la puerta de entrada, pero por otra, la demanda de plazas en Secundaria, FP, Enseñanzas Artísticas e Idiomas no deja de crecer. En esta coyuntura, la Junta de Andalucía ha optado por convocar 3.800 plazas en Infantil y Primaria lo que les ha permitido convertir en funcionarios a 3.000 interinos. El año próximo se hará igual pero en Secundaria. La pregunta que está sobre la mesa es qué va a pasar con el resto de interinos con tiempo de servicio, si habrá vacantes para que ellos trabajen durante los próximos cursos y si tendrán cabida en el sistema a corto o medio plazo. Los sindicatos abogan porque la Junta articule cuanto antes un mecanismo que permita valorar la experiencia de los maestros en su justa medida en próximas convocatorias y que no se les deje en la estacada. Esa fórmula no está clara. Mientras los maestros, respaldados por Ustea y CGT, reclaman una convocatoria restringida, que reserve una serie de plazas para los que acumulan tiempo de servicio, CCOO considera que esta vía es inconstitucional y que la incorporación debe hacerse por un modelo de pruebas no excluyentes que valore de forma justa el tiempo de servicio sin establecer desigualdades de partida respecto al resto de aspirantes.
De cara al próximo curso la incertidumbre es total, por lo que los interinos sin empleo están organizando nuevas movilizaciones. CCOO y Ustea coinciden en denunciar «la opacidad absoluta» de la publicidad de los listados de estos interinos este curso, que a diferencia de años anteriores, no se han publicado abiertamente, lo que impide conocer el número real de maestros que están en bolsa en las distintas especialidades.
Desde la Consejería de Educación recalcan que «se ha optado por la estabilización del empleo del mayor número de interinos», pero no dan datos sobre las vacantes sobrevenidas que permitirán recolocar a los que no han entrado. De momento, el próximo curso habrá 413 unidades menos de Infantil y Primaria en la pública, 57 de ellas en Córdoba, y, según la Junta, unas 250 más en Secundaria. «Hay 17.931 alumnos menos en esas etapas», afirman en Educación para explicar el recorte.
La otra incógnita es la ratio, que de reducirse permitiría que no hubiera pérdida extra de puestos docentes. Mientras los sindicatos exigen que se aproveche la caída de la natalidad para mejorar la calidad educativa, evitando el cierre de unidades y reduciendo el número de alumnos por aula, la Junta no solo niega que se vaya a aumentar sino que asegura que estará «por debajo de los 20 alumnos por clase». CCOO afirma que «el dato es engañoso porque se calcula haciendo la media global independientemente de la zona», pero están convencidos de que «en las grandes áreas metropolitanas, la ratio estará muy por encima de 20 e incluso en 25 o más en muchos casos».
Respecto a la plantilla, Educación asegura que el próximo curso habrá «750 profesores más que el pasado en el conjunto del sistema», aunque no precisa aún cuál será la situación concreta en Infantil y Primaria tras el cierre de más de 400 unidades.
El PSOE de Córdoba se sumó ayer a las críticas a la administración educativa andaluza, a la que reprocha «la falta de compromiso con la educación pública». Critican que el próximo curso se vayan a perder 57 líneas de Infantil y Primaria en Córdoba y denuncian «la falta de organización y planificación de la Consejería» que se traducirá en «un peor servicio, tras un nuevo recorte que ataca sobre todo a la escuela rural».
Según Carmen González, secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Córdoba, «la pérdida de líneas en Infantil y Primaria no es el único problema que ha surgido» recalcando «el recorte en 700 plazas de la convocatoria del cuerpo de maestros respecto a la prevista por el anterior gobierno», plazas que se previeron «para refuerzo que permita acabar con el fracaso escolar».
CONCERTADA
Por otro lado, González se preguntó «por qué no se han publicado las líneas en las escuelas concertadas», un dato que reclama el PSOE «para ver si para el Gobierno de las derechas, la educación pública es o no una prioridad». Fuentes de la Consejería de Educación aseguraron que «en breve», el consejero del ramo, Javier Imbroda ofrecerá una comparecencia pública para informar sobre el proceso.
