La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha vuelto a decirle al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que el suelo donde se levanta la comisaría de Campo Madre de Dios es propiedad íntegra del Estado y que, por tanto, solo está en manos de esta administración acometer la construcción de un nuevo edificio para la Policía Nacional. Ambrosio, que ha enviado a Zoido una tercera carta sobre este asunto, incide en este argumento después de que un nuevo informe, en este caso del secretario municipal, Valeriano Lavela, confirme que el propietario de los terrenos es Interior. Este funcionario de habilitación nacional entiende que su uso durante más de tres decadas del espacio le confiere dicha titularidad por «usucapión adquisitiva».
La alcaldesa responde de este modo y por escrito a las demandas del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien insiste, al igual que hizo ayer el portavoz municipal del PP, José María Bellido, en que el Ayuntamiento no quiere poner solución a este problema. Desde el gobierno local, por contra, consideran que el PP busca embrollar de manera consciente la situación para no incluir la reforma del edificio en los presupuestos generales del 2017.
En declaraciones a la prensa, Ambrosio aludió ayer al informe de Lavela que incluye «una propuesta perfectamente armada legal y técnicamente que ponemos a disposición del Ministerio del Interior», porque, añadió «queremos darle toda la ayuda al ministerio» para que pueda acometer la obra anunciada. La alcaldesa lamentó, no obstante, «la forma de relacionarse» de Interior en esta asunto, a través de los medios de comunicación, y apeló a «la lealtad institucional y la colaboración para buscar una solución» a este conflicto.
En la nueva carta, que incluye, como decimos, el informe del secretario municipal, la alcaldesa le recuerda al titular de Interior que a fecha de hoy el Ayuntamiento «sigue sin recibir ninguna propuesta formal por parte del ministerio sobre este particular y que las únicas noticias tenemos al respecto siguen siendo las derivadas de declaraciones o ruedas de prensa». En este sentido, Ambrosio insiste en que no es «el canal más adecuado para tratar un asunto de esta trascendencia para la ciudad y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». En cualquier caso, la regidora cordobesa se pone a disposición del ministro y lo emplaza a cerrar una entrevista para resolver este asunto «cuando y donde consideres oportuno», le dice a Zoido. Entre las soluciones que apuntó el Ayuntamiento se incluye la búsqueda de un terreno alternativo al que actualmente ocupa la comisaría. Fuentes municipales insisten en que la nueva opción apuntada por el PP de situar la futura comisaría en el Estadio del Arcángel ya se barajó siendo Nieto alcalde y fue rechazada por la propia Policía Nacional «por no reunir las condiciones necesarias».
EL INFORME // El informe suscrito por el funcionario de habilitación nacional y secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, no deja lugar a dudas y confirma lo que la Gerencia Municipal de Urbanismo ya había dicho en otro informe de su departamento de Patrimonio y Contratación. El suelo en el que se ubica la comisaría es propiedad del Estado al haber transcurrido más de 30 años de la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento y sin que la Asociación Mutua Benéfica de la Policía Armada construyese las 30 viviendas para lo que se cedió el suelo. Lavela considera que el Estado «podría haber adquirido por prescripción adquisitiva» la propiedad del solar objeto de cesión municipal, toda vez que ni se construyeron efectivamente las viviendas y ese suelo fue destinado por la propia Policía como aparcamiento dentro de las dependencias policiales.
En el informe, el secretario municipal recomienda a la mutualidad y al Ministerio del Interior los pasos que deberían dar para hacer efectiva dicha titularidad. Así, a juicio de Lavela, en primer lugar el Consejo de Gobierno o la comisión ejecutiva de la mutualidad deberían adoptar un acuerdo reconociendo la cesión que se hizo y que no se cumplió la finalidad inicialmente prevista en ese suelo (la construcción de viviendas), además de reconocer que la comisaría «pacíficamente y a título de dueño de esos bienes desde hace más de 30 años» viene destinando esos suelos como aparcamientos. Después deberá expedirse «la previa y oportuna certificación expeditiva», en base a la Ley del Patrimonio del Estado, y se deberá dictar la resolución administrativa oportuna reconociendo haber adquirido la propiedad y haberse producido «la usucapión adquisitiva» a favor de la Administración del Estado. Finalmente ya podría inscribirse a nombre del Estado y en el Registro de la Propiedad los referidos terrenos para acometer, como estaba prevista, la construcción de un nuevo edificio.
