Profesionales sanitarios, expertos y familiares unieron ayer sus voces en el Congreso para exigir una vez más un plan nacional integral de prevención del suicidio como única forma de acabar con unas cifras «absolutamente devastadoras»: diez personas ponen fin a su vida cada día en España. Lo han hecho durante una jornada reivindicativa para «dar voz al dolor», señalaba su organizador, el diputado de UPN Íñigo Ali, quien subrayó que la prevención del suicidio es una «cuestión de Estado». Un encuentro que no ha contado con la presencia de algún representante del Gobierno, a pesar de que habían sido invitados la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y altos cargos del ministerio, ni tampoco con alguno de los portavoces de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Sí acudió el portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Ignacio Tremiño, quien admitía que «los responsables políticos tenemos que tomar cartas en el asunto». Durante las cinco horas que dura la jornada, dos personas se habrán quitado la vida, otras cinco habrán sido atendidas por los servicios de urgencia y unas cuarenta habrán tenido intención de suicidarse sin que quede constancia porque no habrán necesitado atención sanitaria, advertía el presidente de la Sociedad Española de Suicidología, Andoni Anseán.
Este psicólogo lamentó que se haya perdido la oportunidad de contar con un plan nacional como tenía previsto la exministra de Sanidad Carmen Montón, que «por avatares políticos tuvo que abandonar su cargo», y su sucesora, María Luisa Carcedo, decidió que el tema se iba a articular a través de la Estrategia de Salud Mental. Anseán aseguró que España tiene tasas de suicidio más elevadas que otros países que cuentan con «estrategias avanzadas» y señaló que aunque las comunidades autónomas han tomado nota, el Gobierno debe hacerlo también «y ser consciente de que solo se puede afrontar previniendo o llorando».
