El pacto de Estado contra la violencia machista, que se aprobó en el Congreso en septiembre, con la abstención de Podemos, y que ratificaron las autonomías en diciembre, se deshace como un azucarillo a las primeras de cambio. Y eso que los asesinatos de mujeres no cesan. El motivo del desencuentro es la financiación necesaria para poner en marcha las más de 200 medidas consensuadas y que los expertos y las asociaciones de mujeres esperan como agua de mayo. El acuerdo establece que las propuestas «solo podrán ser llevadas a cabo si vienen acompañadas de un sustento económico suficiente», que se fijó en 1.000 millones de euros a repartir en cinco años. Este año corresponde invertir los primeros 200 millones, de los cuales 80 se han consignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero los otros 120, a gestionar por las administraciones territoriales, están en el aire.
El Gobierno sostiene que comunidades autónomas y ayuntamientos los deben extraer de la financiación autonómica, que este año aumentará en más de 4.000 millones. El PSOE, algunas autonomías, la federación de municipios y provincias (FEMP) y las principales asociaciones feministas consideran que debería haber partidas específicas en las cuentas estatales y acusan a Mariano Rajoy de «incumplir» el acuerdo.
La literalidad del texto rubricado se pone del lado de la oposición. El documento aprobado establece que la financiación de la lucha antimachista debería tener un «carácter condicionado», una «asignación financiera específica» y «finalista», para poder evaluar el impacto de la inversión. Los socialistas reclaman una «reunión urgente» con la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, acusan al Ejecutivo de «engañar», con su intención de «usurpar» 120 millones. «Solo buscaban una foto», denuncia la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.
