La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, apostó ayer por una acción «conjunta y coordinada» entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el aumento de la presión migratoria en España. Valerio se expresó de esta manera ante los periodistas en la Conferencia Sectorial de Migraciones, que no se reunía desde septiembre de 2015, y en la que se ha dejado para otro encuentro, a principios del próximo mes, la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, los denominados Menas, informa Efe.

En su intervención, reiteró que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes e incidió en la necesidad de invertir en cooperación en los países de origen de los inmigrantes como «única manera de que no exista efecto huida». Valerio indicó que la dotación del fondo de apoyo a la acogida e integración para inmigrantes no está presupuestada para este año y sí lo estará para las cuentas de 2019. En la reunión, que según la ministra se desarrolló con un clima de «tranquilidad y de colaboración» con las comunidades autónomas «al margen del color político», se puso de manifiesto que la situación actual «se veía venir» por las cifras que ya comenzaron a incrementarse el pasado año. Así, indicó que en 2016 llegaron por la frontera sur unas 10.500 personas de forma irregular, mientras que el pasado año lo hicieron unas 24.000. Valoró las políticas migratorias que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses porque, a su juicio, «están dando resultado», dentro de que «todo es manifiestamente mejorable».

Valerio dejó claro que tiene que haber un control de fronteras porque España cumple la ley y defendió la migración legal, por contingentes de trabajadores, porque España es un país de baja natalidad. La ministra hizo hincapié en que durante la reunión defendió una acción «conjunta y coordinada» que tenga en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y trasladó a los consejeros la importancia que el Gobierno le da la inmigración.

En este sentido, destacó que debería alcanzarse un «acuerdo de Estado» en esta materia, como así se lo ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada. Además, ha incidido en que hubo unanimidad entre las comunidades en cuanto a que tiene que haber una implicación de toda la UE en esta materia. La ministra expuso a las comunidades las medidas a corto plazo del Gobierno, como el plan de emergencia, dotado con 30 millones de euros. Igualmente explicó a los representantes de las autonomías, durante la reunión celebrada en Madrid, que se reforzarán las oficinas de asilo y refugio, con más más de 300 plazas, y con 92 para el Ministerio destinadas a la protección humanitaria.