El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo motivado que ordena la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y da a la familia un plazo de 15 días para que señale un nuevo lugar de reinhumación que no podrá ser a la cripta de la catedral de La Almudena.

El Gobierno se reserva la decisión del nuevo lugar de enterramiento de los restos del dictador si la familia no contesta en el plazo que le han dado, restringiendo esta vez como "parte interesada" solo a los descendientes del dictador.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha presentado la decisión como "responsabilidad histórica de este Ejecutivo" y como una "deuda con la historia" que marcará a "los españoles del futuro".

Delgado ha basado la decisión de vetar a la catedral de La Almudena, donde la familia Franco posee sepulturas a perpetuidad, en la necesidad de "no convertir un lugar público en un lugar de exaltación del dictador". Durante la fase de adquisición de licencias y trámites administrativos, Justicia ha manejado un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre las razones de seguridad y de orden público que impiden llevar los restos de Franco al céntrico templo madrileño.

La familia Franco no considera legalmente motivado ese informe, y su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo esta decisión comunicada hoy, solicitando una suspensión cautelar. Las leyes en materia de procedimiento contencioso administrativo dan dos meses al abogado de los Franco para presentar su recurso, pero el propio letrado podría no agotar el plazo.

La ministra no ha querido hacer "justicia ficción" con la respuesta de la familia Franco. Ha dicho que a día de hoy "no podemos determinar si entra o no el Supremo a admitir el recurso". Y ha explicado que la presentación de un recurso por la familia "no tiene efectos suspensivos", salvo si lo así lo decide expresamente el alto tribunal.

El Gobierno considera que podrá actuar en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pese a la oposición de la comunidad de frailes benedictinos encargados de su custodia, pues "la actividad de culto no impide la acción de la autoridad civil", ha explicado la ministra.

Dolores Delgado ha calificado de "verdadero obstáculo" las demandas y recusaciones presentadas por las partes interesadas, sobre todo la familia Franco, pero considerándolas "normales en este proceso". La ministra cree que este proceso administrativo para la exhumación del dictador es "una cuestión de memoria democrática", que mana de "una decisión de Estado", y que ha necesitado de la "escrupulosidad del procedimiento".