El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció ayer ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid el caso de Inés, la menor de 11 años con discapacidad expulsada de un campamento el pasado fin de semana tras las quejas de unas compañeras.

El delegado del Cermi para los Derechos Humanos, Jesús Martín Blanco, anunció a Efe la denuncia presentada ayer por la mañana a la vez que lamentó que «una actividad lúdica, como es un campamento, haya provocado dolor a Inés y su familia», informa Efe.

También la Coordinadora del Tercer Sector condenó en un comunicado estos hechos e informó de que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y del Menor para que se inicien acciones para aclarar lo sucedido.

Por su parte, la empresa Diverbo negó que haya expulsado a una niña de 11 años con discapacidad de uno de los campamentos que gestiona en la provincia de Salamanca tal y como denuncia su familia.

Carolina Gómez, madre de la niña, aseguró que está estudiando si denunciará la discriminación a su hija en el campamento Pueblo Inglés, gestionado por la empresa Diverbo.

Para el Cermi, «resulta intolerable que una circunstancia como la discapacidad colonice nuestra existencia para clasificarnos fuera de la vida en común y para ocultar a la propia persona con dignidad y derechos».

Martín lamentó la actitud del campamento, una «constante perversa» que aparta a este colectivo de «la esfera de la inclusión».

Por su lado, la Coordinadora del Tercer Sector pidió formalmente ayer al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actúe contra la empresa Diverbo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, para conocer la situación producida con la expulsión de la menor. Esta ONG solicitó que se analice por parte del Ejecutivo madrileño si esta actuación «no supone una evidente discriminación hacia la infancia y un ataque a los derechos de los menores con capacidades diversas.

Además, entiende que, de acuerdo a la legislación en materia de protección a la infancia y las relativas a ocio y tiempo libre, que en parte regulan a los campamentos, «la Comunidad de Madrid debería iniciar actuaciones ante un potencial delito de odio».