En medio del repunte de accidentes de tráfico en las carreteras, la fiscalía de seguridad vial presentó ayer los datos referentes a los delitos contra la seguridad vial del 2018, que rompen la tendencia a la estabilidad registrada en los últimos años y, tanto los procedimientos abiertos como las sentencias condenatorias, registran «aumentos muy notorios», según el ministerio fiscal.
Así, el año pasado se incoaron 110.654 procedimientos, 14.000 más que en el 2017, lo que supone un 15% más, sobre todo por delitos relacionados con alcohol o drogas y por conducir sin permiso. Asimismo, se han dictado 89.264 sentencias condenatorias, 7.000 más que en los 12 meses precedentes, lo que supone un 9% de incremento. Este volumen significa que el 34% de todos los veredictos dictados por los tribunales, es decir, una de cada cuatro, están motivadas por infringir las normas de tráfico.
El fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, no achacó el incremento a que haya más delitos, sino una «mayor eficacia» de las fuerzas de seguridad y de la acción judicial en torno a las infracciones al volante. «Se han detectado más delitos y se ha reducido la impunidad», subrayó. Y es que tres de cada cuatro procedimientos incoados (el 74,3%) y cuatro de cada cinco acusaciones formuladas por el ministerio fiscal (el 84,3%) se han saldado en juicios rápidos, lo que produce una respuesta penal «rápida y eficaz», según destacó. Además, el 90% de las sentencias son por conformidad, lo que ha posibilitado la ejecución inmediata de las 60.352 penas de privación del derecho de conducir y las 1.949 pérdidas de vigencia del permiso.
Asimismo, en el 2018 se impusieron más de 60.000 penas de multa y más de 24.000 trabajos en beneficio de la comunidad.
El ministerio público, de hecho, siempre que el autor acepte una pena por conformidad, lo que supone, según Vargas, que «asume lo que ha hecho», solicita que sea condenado con una pena no privativa de la libertad. El 22% de las cuales se cumplieron el año pasado a través de dos programas, en función de la gravedad del delito, que buscan evitar la reincidencia y promover una conducción segura.
En estos programas participan asociaciones de víctimas de accidentes, que también van a las cárceles a dar charlas informativas a favor del respeto a las reglas del tráfico y especialmente a la vida de los demás.
