Lo que hay que hacer es dejarlos morir en el mar, y además sin testigos. Es lo que se desprende de las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: «Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular está dando lugar a que corra peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia». O sea: que salir con barcos y recoger a los hombres, mujeres y niños de las aguas es favorecer la inmigración. Es como decir que cuando la Guardia Civil atiende a las víctimas de un accidente de tráfico, en lugar de dejarlas morir desangradas, está favoreciendo la conducción temeraria. No se puede culpar al salvamento. Pero la cuestión es más perversa, porque antes de las declaraciones la Unión Europea anunciaba un «código de conducta» para la actuación en el Mediterráneo de los barcos de rescate de las ONG. El objetivo es someter a las ONG a un control más estrecho de las guardias costeras de Libia y de Italia, cuando las ONG con barcos de rescate siempre actúan coordinadas con esas guardias costeras. El problema es otro: no solo que salven vidas, sino que sean testigos de las operaciones de rescate. Sin las ONG no habría nadie allí para dar testimonio, y todos esos hombres, mujeres y niños estarían --están-- indefensos ante las mafias de trata de seres humanos, que los esclavizan. La medida no cuenta con las denuncias de que en Libia, un país sin gobierno, los refugiados son violados, torturados, ejecutados y vaciados de órganos para su compraventa. Es un territorio sin derecho ni garantías para las personas. Los refugiados se hacinan, se comercia con ellos. Y nadie lo ve. Estorban los testigos como los barcos de rescate de las ONG. La Coordinadora Española de ONGD y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han calificado las palabras de Zoido de «irresponsables». Se quedan cortos: ante esta realidad, son inmorales.

* Escritor