En los días previos al debate de investidura se han hecho afirmaciones que no se corresponden con la realidad histórica. Ha habido referencias al Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 para compararlo con la coalición actual. En la capital guipuzcoana se reunieron partidos republicanos y nacionalistas gallegos y catalanes, estos últimos divididos en tres formaciones diferentes. Asistió el socialista Indalecio Prieto, a título personal, y en esa condición formó parte del Comité Revolucionario, en el cual no se integró el PSOE como organización hasta octubre, con Largo Caballero y Fernando de los Ríos. Las relaciones con los grupos catalanistas fueron difíciles, y preparar una posible insurrección en Cataluña algo complicado, por la desconfianza hacia los grupos republicanos no catalanes y por la implantación en dicho territorio de los anarquistas. Por otro lado, encajar en la nueva República nacida el 14 de abril la cuestión territorial catalana exigió un esfuerzo especial por parte del nuevo gobierno, pero esa es otra historia.

El gobierno que se hizo cargo del vacío de poder generado tras la marcha, forzada, del rey Alfonso XIII, estaba constituido por la coalición nacida en San Sebastián, y se vería refrendado por las Cortes Constituyentes tres meses después. Cualquiera que haya seguido las informaciones de estos días, habrá escuchado, o leído, que el gobierno de coalición que se forme será el primero en España desde la II República. Y si bien es cierto, cabría hacer una salvedad, dado el procedimiento establecido en la Constitución de 1931 para la formación de gobierno, según su art. 75: «El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno y, a propuesta de este, a los Ministros». Pero además el Gobierno era responsable ante las Cortes, de acuerdo con lo recogido en el art. 91. Así pues, existía una cierta dependencia de la presidencia del ejecutivo con respecto a la de la República, y por ello, debido a un conjunto de factores imposibles de detallar ahora, en los años en que ejerció su cargo, entre diciembre de 1931 y abril de 1936, Alcalá-Zamora designó como presidentes del Gobierno a Azaña, Martínez Barrio, Lerroux, Samper, Chapaprieta y Portela, y alguno de los citados en más de una ocasión. En consecuencia, la diferencia significativa es que hoy, como hemos podido ver en el pasado fin de semana, el presidente del Gobierno necesita la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno.

Por otra parte, durante el debate de investidura, la historia de la II República ha estado presente, y no siempre de manera adecuada, en particular en la intervención de Abascal, capaz de hacer una serie de afirmaciones falsas, las mismas que desde hace ya mucho tiempo difunden los pseudohistoriadores, en particular me llamó la atención que dijera que el derecho al voto femenino llegó con la oposición de los socialistas, algo no interpretable, pues como se puede comprobar en el Diario de Sesiones, el voto de estos fue determinante para su aprobación. No debe extrañarnos que la ultraderecha falsifique la historia, que no se repite, ni siquiera una vez como tragedia y otra como comedia, que decía Marx citando a Hegel, pero sí podemos afirmar que existen algunas constantes. Una de ellas, patente en nuestro país, antes y ahora, es el recurso de la derecha a deslegitimar cualquier proyecto de gobierno de izquierdas, como se ha visto durante el debate de investidura, donde no ha dudado en recurrir a la descalificación personal. Tiempo habrá de analizar la labor del nuevo gobierno, si hoy se cumplen las previsiones, pero ahora respetemos al menos esos cien días protocolarios que las democracias conceden desde los años 30 del pasado siglo cuando Roosevelt accedió a la presidencia de Estados Unidos.

* Historiador