Como ya sabemos, nuestros mayores jubilados han salido a la calle para reclamar un aumento de las pensiones acorde con el crecimiento del IPC. No estoy totalmente segura de que reclamaran solo esto, ya que, escuchando y leyendo diferentes entrevistas en los medios de comunicación a muchos mayores, de lo que más he oído hablar ha sido de pensiones demasiado bajas para vivir con «dignidad», incluyendo a muchos hijos que al parecer viven de las pensiones de sus padres. No obstante, parece ser que el tema se ha suavizado tras la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 de un incremento del 3 y el 2% en pensiones mínimas y de viudedad, respectivamente, así como una exención en el IRPF. Pero voy a ir por partes, a ver si yo misma me aclaro.
El aumento del IPC el pasado año, 2017, fue del 1,1% en tasa interanual o acumulada (estimadas sobre diciembre ambas coinciden) y el aumento que se había planificado en un principio era del 0,25%, lo que suponía una pérdida de poder adquisitivo para pensionistas. Todo ello hablando con datos medios. Obviamente, esto es injusto y es preferible que las pensiones suban lo mismo que el IPC, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sin embargo, hay una cuestión muy relevante que se abre a raíz de esto: ¿cómo se paga?
Las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales. Este impuesto tiene consecuencias negativas en la economía. La fundamental se suele atenuar de forma un tanto absurda por sindicatos cuando afirman que las cotizaciones sociales las paga el empresario, pero no. Las cotizaciones sociales las pagamos los consumidores, ya que son internalizadas como costes laborales por las empresas y se repercuten en precio, de modo que elevar las mismas supone aumentar los precios y generarnos inflación para el siguiente año. Además, este aumento del coste para las empresas hace que estas sean menos competitivas en el extranjero y se puede limitar su crecimiento. Algo similar ocurre con los incrementos salariales, que permitirían aumentar las cotizaciones sin modificar el tipo de las mismas. Hay empresas que se podrían permitir dichas subidas si obtienen beneficios y nunca por encima de sus crecimientos de productividad, pero otras no se los podrán permitir. De modo que eso de vamos a aumentar los salarios desde el Gobierno, hay que cogerlo con pinzas. Otra forma de mejorar los salarios es cambiar nuestra estructura productiva hacia actividades de mayor valor añadido (industria-tecnología, tecnología-industria), pero de eso ni hablemos: mejor turismo, turismo y turismo.
Por otro lado, es cierto que se pueden reducir los gastos públicos de otras partidas para compensar el déficit generado en las arcas públicas por las pensiones y equilibrar el déficit público global, pero ¿de qué partidas? Que se pueden crear tablas salariales para cargos políticos, ya se sabe; que se pueden aumentar las incompatibilidades para cobrar más de un salario para cargos políticos, ya se sabe; que se pueden reducir el número de cargos políticos, ya se sabe; que se pueden reducir administraciones públicas duplicadas a nivel estatal y autonómico, ya se sabe; que se pueden cerrar «chiringuitos» de organismos autónomos y empresas públicas, ya se sabe; que se puede mejorar la eficacia y eficiencia en las gestión pública, ya se sabe. Pero también se sabe que no hay voluntad política de ningún partido para hacerlo (gran decepción por la gestión de Ciudadanos en Andalucía, la verdad).
Así que, al final, un aumento de las pensiones conforme al IPC lo pagarán aquellos a los que los mayores quieren proteger: nosotros y sus nietos en forma de impuestos y deuda pública.
* Profesora de Economía. Universidad Loyola Andalucía @msalazarord
