Su condena a 9 años de prisión en la primera de las seis piezas del caso Gürtell es inferior a las de Correa, Crespo y Pérez, pero sin su concurso la Consejería de Turismo valenciana no hubiera alterado entre 2005 y 2009 los criterios de adjudicación de los contratos que beneficiaron irregularmente a las empresas de la trama.
