Más conocido por las enormes naves edificadas por el empresario Rafael Gómez en la antigua Colecor --y por la multa millonaria e impagada--, el plan especial de la carretera de Palma se ha convertido en otro de esos culebrones que se eternizan en Córdoba. Desde que en el 2006 se aprobó su primera versión, impulsada por el propio Gómez y tumbada en el 2008 por el TSJA, el plan urbanístico se ha visto inmerso en interminables trámites administrativos y, sobre todo judiciales, ya que la Junta de Andalucía lo ha recurrido en dos ocasiones, a las que se suma el último recurso, interpuesto por uno de los propietarios de suelo. El Ayuntamiento ha decidido esperar a que haya sentencia firme antes de actuar, y deseamos que cualquier paso que dé en el futuro lo haga en estrecha colaboración política y técnica con la Junta de Andalucía, una colaboración que hubiera sido deseable desde el primer minuto, pues así las diferencias sobre los metros cuadrados de las famosas naves que Gómez debe derribar (15.000 metros decía el segundo plan aprobado en el 2012 por unanimidad del Pleno, 21.000 dijo la Junta) no hubieran acabado en los tribunales. Este es un asunto en el que hay que reprochar a las instituciones no solo su falta de colaboración técnica y política, sino de coherencia, ya que sobre el plan han recaído cambios de criterio y falta de claridad institucional. Y 11 años viene costando ya la broma.
