El Gobierno de Pedro Sánchez es dado a los giros, provocados por decisiones propias y ajenas, pero lo que ha ocurrido en los últimos días va más allá de lo normal. A mediados de la semana pasada, el Ejecutivo insistía en que iba a presentar los Presupuestos, tuviera o no apoyo. También había llegado a un pacto con el PP, muy criticado por las asociaciones de jueces, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y repetía que pensaba agotar la legislatura, llevándola hasta mediados del 2020. Ninguna de estas tres cosas sigue ahora en vigor.

Las dos últimas cayeron ayer, cuando Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, renunció a la presidencia del máximo órgano de gobierno de los jueces, puesto para el que iba a ser nombrado en virtud del acuerdo entre socialistas y conservadores. Marchena dio este paso después de que se conociera un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que trasladaba a sus compañeros de bancada que la elección del magistrado iba a suponer que su partido siguiera «controlando la Sala Segunda desde detrás».

Cosidó quedó desacreditado con esta falta de respeto a la independencia judicial, pero a su partido, en el fondo, le vino bien el paso atrás de Marchena. El pacto con el PSOE había sentado mal en amplios sectores del PP, al ceder la mayoría en el CGPJ a los progresistas, y la formación de Pablo Casado aprovechó la renuncia para darlo por roto, intentando por el camino eclipsar que el magistrado había tomado esa decisión debido al mensaje de Cosidó.

CAMBIO DE DISCURSO / El más perjudicado fue el PSOE. El entendimiento con el PP le servía al Gobierno para trasladar que seguía manteniendo la iniciativa, sacando adelante decisiones pese a solo tener asegurado el respaldo de los 84 diputados socialistas, y contrarrestar así el previsible fracaso de los Presupuestos. Pero todo se fue al traste. Y Sánchez, tras conocer la renuncia de Marchena, volvió a cambiar de discurso.

Un día después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, diera alas a los rumores sobre un adelanto electoral al no «descartar» que las generales se celebren en mayo, junto a las municipales y las autonómicas, el presidente admitió que no iba a poder llegar hasta el 2020. «Sin Presupuestos, mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura se ve acortada», dijo Sánchez a las nueve de la mañana, en un acto organizado por el semanario The Economist.

La cuestión es cuánto durará esta legislatura tan atípica. Sánchez trasladó su discurso tradicional, que repite en público y en privado: él, y solo él, tiene la capacidad de llamar a las urnas. «Las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para este país. No lo haré en aras al interés de mi partido, ni porque me lo pida ningún otro partido», explicó el jefe del Ejecutivo.

En la Moncloa siguen señalando otoño del año que viene como momento más probable para las generales. Tienen grandes esperanzas depositadas en las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. El previsible buen resultado de Susana Díaz y la caída del PP servirá para que el Ejecutivo coja impulso y se mantenga casi un año más, según esta versión, aprobando las medidas sociales de su pacto presupuestario con Podemos vía real decreto. Pero nada está claro. Un veterano dirigente socialista señala que cada vez coge más fuerza una convocatoria en marzo o abril. «Veo imposible gobernar a la fuerza y dentro de unos meses es probable que sigamos por delante en las encuestas», explica.

Los colaboradores del presidente también manejan esta hipótesis, que permitiría una negociación global, en el Gobierno central y en los territorios, de los pactos postelectorales. Aquí Sánchez volvió a abrirse a un acuerdo con Albert Rivera, recordando que ya selló uno a comienzos del 2016, cuando intentó sin éxito llegar a la Presidencia del Gobierno.

Después, en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, el presidente se midió con el propio Cosidó. El líder socialista pidió al PP que volviera al pacto, pero también reclamó la dimisión del portavoz parlamentario. Los conservadores, al mismo tiempo, exigieron la salida de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a quien culpan de que Marchena fuera situado como presidente del CGPJ antes de que los vocales del organismo jurisdiccional, encargados de su elección, lo votaran.

«Usted, señor Cosidó, dijo cosas gravísimas sobre el acuerdo. Usted ha ofendido la credibilidad del juez Marchena y ha dañado el crédito general de la Justicia. Hagan oposición al Gobierno, pero no deterioren el Estado. Hoy ha renunciado alguien, pero no ha sido quienes los españoles desean que renuncie, que es usted, señor Cosidó», señaló Sánchez. Pero su mejor frase había llegado a primera hora: «Como decía Azaña, la política es un continuo tejer y destejer. Si algo he aprendido en seis meses es que los desafíos no acaban nunca. Parece que has resuelto un problema y tienes otros veinte sobre la mesa».