El apartado sobre vivienda del acuerdo presupuestario con Unidos Podemos recoge buena parte de las medidas que proponía esta formación, entre las que destaca la prologación hasta siete años de la duración mínima de los contratos de alquiler en caso de que el arrendador sea una persona jurídica (inmobiliaria, banco, etc.). En caso de que éste sea un particular, el periodo mínimo pasaría de los tres años actuales a cinco.
En ambos casos el contrato se prorrogará de forma automática durante tres años más, si ninguna de los dos partes manifiesta su voluntad de no renovarlo como mínimo seis antes de que éste finalice.
También se limitará a dos mensualidades el máximo que puede exigir el arrendador en concepto de fianza sin que se pueda establecer ninguna otra garantía adicional como la que hoy exigen muchas inmobiliarias.
ZONAS CON PRECIOS DISPARADOS
El pacto también recoge la propuesta de la formación morada de intervenir en los precios de los alquileres facultando a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a “regular y limitar las subidas” en las “zonas declaradas previamente como tensionadas”.
Estas zonas podrán ser delimitadas por los ayuntamientos “cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual que obstaculice a sus habitantes el acceso de una vivienda a precio razonable y con ello el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda”,
La propuesta surgió del Ayuntamiento de Barcelona y luego fue asumida por los denominados ayuntamientos del cambio y Unidos Podemos como un modo de hacer frente a los disparatados precios del alquiler del centro de las ciudades. El Ministerio de Fomento era más partidario de intervenir de modo indirecto con estímulos fiscales a los propietarios que no superaran determinado nivel de precio.
El Gobierno garantiza en el acuerdo que la normativa necesaria para establecer esta regulación de precios “se desarrollará” a lo largo de 2019.
