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Pedro Sánchez y el euskera en la intimidad

 

Meritxell Batet, que presidirá el Congreso, y Manuel Cruz, que presidirá el Senado. - FERRAN NADEU

Andoni Ortuzar, presidente de la ejecutiva nacional del PNV, se adelantó a los acontecimientos y el día 12 declaró en El Correo que tiene «una relación muy buena con Miquel Iceta, es una buena persona y buen político con el que se puede hablar. Toda su familia paterna era afiliada al PNV y eso le ha marcado. Es evidente que es un gesto con el que Pedro Sánchez ha querido dar un pendulazo al Senado del 155 y decir que esto ha cambiado [...]».

Los nacionalistas vascos, ya distanciados hace tiempo del independentismo catalán, no son precisamente concesivos y han interpretado la pretensión, de momento fallida, del presiente del Gobierno en funciones de elevar al primer secretario del PSC a la presidencia del Senado como una medida conciliadora. Precisamente por esa razón, el PP y Ciudadanos -increíblemente incoherentes- se han abstenido en su designación como senador autonómico, demostrando que su adhesión a las normas es tan variable como resulta serlo el sectarismo que conmueve la vida institucional española. Que estos grupos vengan, al final, a coincidir con los soberanistas produce cierto bochorno.

Es verdad que Sánchez pudo plantear la operación Iceta de otra manera y, quizá, en otro momento. Pero es prácticamente indiscutible que el veto al primer secretario del PSC infringe la ley porque el uso, la costumbre o la convención parlamentaria es también fuente del derecho. En algunos parlamentos -como ocurre en el vasco- el voto negativo está prohibido en determinados casos para evitar vetos y bloqueos.

Es probable, así lo avanzaban criterios oficiosos en el Constitucional, que por esa línea argumental pueda ir una resolución favorable al amparo que reclaman los socialistas catalanes, esto es, que la designación parlamentaria no permita el voto negativo, solo el positivo y la abstención, para hacer posible el derecho a la participación política (artículo 23 de la Constitución) y la previsión de proporcionalidad en el Senado que establece la Carta Magna en el artículo 69.5.

El 26 de abril, Sánchez declaró en la SER que los independentistas «no eran de fiar» y que pretendía que la gobernabilidad no «descansase» en ellos. Los hechos están demostrando que esa impresión estaba atinada. El secretario general del PSOE debió verbalizarlo con tanta contundencia mucho antes. Son tan poco de fiar que hay catalanistas para los que su lista en las europeas será la del PNV. El 28 de marzo, también en El Correo, Ramón Espadaler, secretario general de Units per Avançar, declaró que «apoyar en Cataluña al PNV el 26-M es el voto útil del catalanismo dialogante» porque, según él, no existía aquí «una propuesta política parecida», destacando la polarización y el inmovilismo que connotaban al independentismo.

Por esas razones -desconfianza y radicalidad de los separatistas- se va a ir produciendo un relevo del nacionalismo catalán al vasco en el Congreso. El PNV ha obtenido los mejores resultados de su historia en unas generales (seis escaños), venciendo en los tres territorios vascos, y EH Bildu (cuatro escaños) ha doblado su representación. El éxito del nacionalismo vasco parece que será rotundo también el 26-M. Iñigo Urkullu gobierna en coalición con el PSE y las relaciones con los socialistas en Madrid están despejadas.

Exigen los peneuvistas la agenda vasca (incremento de autogobierno) pero no plantean, de momento, imposibles jurídicos y secundan los intentos de Sánchez. El máximo dirigente nacionalista fue hace unos días taxativo con la operación Iceta: «Tienen que desbloquearlo... es una buena medida para ellos. Toda la vida se ha respetado ese formalismo. No tiene sentido». Y, efectivamente, no lo tenía. Por eso, Sánchez ha reaccionado con reflejos: si no querían taza, dos. Meritxell Batet presidirá el Congreso, y mi buen amigo, gran filósofo y mejor persona, Manuel Cruz, el Senado.

Se están dando las condiciones adecuadas para que Sánchez introduzca variables diversas en orden a obtener una mayoría en la investidura sin contar con los independentistas (y hay ecuaciones posibles), y también para avanzar en la convicción de que ni el partido de Oriol Junqueras ni el de Carles Puigdemont están aún en condiciones de interpretar la realidad política española -incluida la catalana- con unas mínimas dosis de rigor.

La versatilidad y resiliencia del inquilino en funciones de la Moncloa le inclinará -como al pragmático José María Aznar de finales de los 90 del siglo pasado- a hablar euskera «en la intimidad», es decir, a ensayar un entendimiento más a fondo con el PNV y, eventualmente, con EH Bildu, más ahora que el último símbolo de la ETA derrotada operativamente, Josu Ternera, ha sido detenido y neutralizado a todos los efectos.

El veto a Iceta no es contemplado en el Gobierno y en el PSOE como un revolcón. Sí, quizá, como una oportunidad perdida. Pero sobre todo como un testimonio indubitable de que Sánchez no mantiene bajo mano ningún acuerdo inconfesable con ERC y que ha eludido la perversa práctica de la transacción. Las ejecutivas socialistas de Aragón (Javier Lambán), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page) y Extremadura (Guillermo Fernández Vara) se mostraban, palabras textuales, «eufóricas» porque entendían que el veto a Iceta y la detención de Josu Ternera, desbarataban el prontuario de argumentos de campaña de la oposición.

En Sabin Etxea, sede del PNV en Bilbao, no había signos de euforia, pero sí un profundo convencimiento de que el posicionamiento del partido estaba siendo el correcto y que la cotización de sus escaños en el Congreso, se disparaba. Sánchez ya debería preparar su euskaldunización lingüística y política.