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VIAJES

Imserso de mercado

La CNMC subraya la «poca o nula concurrencia» en ofertas para jubilados y recuerda la sanción que impuso a empresas adjudicatarias H El análisis aconseja dotar de «un mayor peso a la variable precio»

 

Ocio 8 Jubilados en una partida de cartas en un viaje del Imserso. - CLICKART FOTO / DAVID BORRAT

Sara Ledo
25/04/2019

El Gobierno licita de forma anual o bianual los contratos de los viajes del Imserso con un presupuesto que ronda los 1.200 millones y que está destinado a gestionar durante dos años -con opción a otros dos más- los viajes de cerca de un millón de jubilados. Por primera vez en sus dos décadas de programas, el Ejecutivo le ha pedido opinión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Resultado? Hay mucho por mejorar para «favorecer la competencia efectiva» de estos contratos.

Según el regulador, se debería empezar por rediseñar los tres lotes de licitación actuales –costa peninsular, costa insular y turismo de interior– para que no engloben todos los servicios de manera centralizada.

Para Competencia la fórmula actual que aúna la comercialización, alojamiento, transporte, asistencia sanitaria, seguros y animación socio cultural en los tres lotes, «no ha favorecido la concurrencia», por lo que recomienda diferentes opciones, entre las que destaca el aumento de los paquetes y su reconfiguración por actividades.

La CNMC advierte sobre la «poca o nula concurrencia» de los distintos procesos concursales al señalar que un operador ha resultado adjudicatario del contrato de manera sucesiva –se refiere a Mundosenior, formado por Globalia (Viajes Marsans) y Barceló (Viajes Barceló), y hasta el 2010 por estas dos junto con Halcón Viajes y Viajes Iberia– y solo en tres ocasiones se presentaron otras empresas –Viajes Zoetrope (2003 y 2011) y Mas Alternativas Sociales (2007)–, sin que ninguna de ellas resultara elegida.

De hecho, solo una vez otra empresa diferente a Mundosenior resultó adjudicataria de un lote del contrato, pero tuvieron que mediar los tribunales para que tal cosa sucediese. Fue en el 2014 (en vigor actualmente) cuando los tres lotes se resolvieron otra vez a favor de Mundosenior, pero Mundiplan –Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7– recurrió los criterios de adjudicación ante los tribunales y estos anularon el proceso. Se volvieron a valorar las ofertas y se resolvió como adjudicatarios Mundiplan, para el lote de Canarias y Baleares, y Mundosenior, para la costa peninsular y turismo de interior.

Esta falta de participación por parte de las empresas le resulta sospechosa a la CNMC, que considera que «existe un número más que relevante de operadores que por razones desconocidas no se está presentando a las licitaciones» y por ello plantea rediseñar la licitación, a partir de un análisis del mercado de estos viajes.

Además, Competencia recuerda en su informe que ya en el año 2000 sancionó a Halcón Viajes, Viajes Barceló, Viajes Iberia y Marsans por repartirse los concursos de viajes para la tercera edad, lo mismo que en el 2016, con multa a Halcón Viajes y Viajes Barceló (tras la disolución de las otras dos).

Solvencia

La CNMC insta a revisar los umbrales de solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica y profesional. También sugiere «mayor clarificación» en relación con la habilitación profesional requerida y señala que en los pliegos se identifican algunos requisitos impuestos a las adjudicatarias que deben especificarse «para proporcionar seguridad jurídica y evitar problemas de discrecionalidad técnica excesiva».

Sobre la valoración de las ofertas, Competencia recomienda «dotar de mayor peso a la variable precio», y reconsiderar el peso de otros criterios relacionados con la calidad de la oferta. Y en relación con la condición especial sobre el mantenimiento o generación de empleo, considera que «debería evaluarse el impacto» que puede generar en las potenciales licitadoras y especificarse su control efectivo.

Finalmente, se recomienda realizar un uso restrictivo de las prórrogas e incluir en los pliegos una cláusula que advierta de las consecuencias sancionadoras y penales ante incumplimientos de la normativa de defensa de la competencia.