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ANÁLISIS

¿Hacia un ‘caso Cádiz’?

La deriva jurídica del Córdoba CF apunta al caso del club amarillo, con una sentencia en los tribunales de justicia que obliga a la devolución de las acciones a Sinergy, que según Muñoz no pagó

 

León y González se abrazan en enero del 2018 tras el traspaso de acciones del Córdoba. - CASAVI

Ignacio Luque Ignacio Luque
03/08/2019

Los últimos acontecimientos en torno al traspaso de las acciones de la entidad blanquiverde de Azaveco a Aglomerados Córdoba, con el impago -al menos, hasta ahora- por parte de la segunda del último plazo, y la posibilidad de una subasta de acciones que podría ser impugnada, recuerda mucho a lo ocurrido en el club amarillo.

El impago del último plazo por parte de Aglomerados Córdoba para la adquisición del paquete accionarial del Córdoba, los movimientos anunciados por Azaveco y la querella anunciada por la primera, tiene puntos en común con lo acontecido en los últimos seis años en el Cádiz, por lo que si finalmente las partes no llegan a un acuerdo, lo más probable es que el panorama en la entidad blanquiverde se asemeje bastante a lo acontecido en el último lustro en el Ramón de Carranza.

Todo se inició cuando Antonio Muñoz vendió el paquete mayoritario de acciones del club amarillo a Sinergy, empresa radicada en el Reino Unido aunque su cara visible es un conocido del Córdoba: Alessandro Gaucci. Antonio Muñoz puso una fecha límite para el último pago de las acciones del club, a finales de agosto del 2013, por un importe de 450.000 euros y tras haber recibido un primer plazo de 400.000 euros. Sinergy pretendía abonar ese segundo plazo con un pagaré o posponer dicho abono, pero Muñoz se negó y en diciembre de ese mismo año realizó la subasta, para la que estaban esperando desde hacía meses Locos por el Balón (Manuel Vizcaíno y Enrique Pina).

Sinergy pagó la mitad de lo pactado y pidió tiempo para el segundo pago

Muñoz alegó el impago de la segunda cuota e instó la ejecución notarial de las acciones, que habían quedado pignoradas en garantía del cumplimiento contractual. Sinergy alegó que Muñoz le había vendido unos títulos que no eran suyos, sino de la sociedad Grupo Bahía de Cádiz y que para la venta había falsificado los títulos de propiedad. Además, alegó que el vendedor había mentido en el momento de la venta sobre la situación financiera de la empresa y los estados contables del club, por lo que el segundo pago del precio aplazado no correspondía pagarlo. El notario inició la subasta de los títulos pese a los requerimientos y denuncias judiciales emprendidas por Enrique Rodríguez Zarza, letrado de Sinergy y de Aglomerados Córdoba en la querella que ha conformado el granadino a petición de Jesús León. Según informó ayer este periódico, la decisión del presidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde es presentar dicha querella y apoyarse en Rodríguez Zarza, que vio cómo hace dos años exactamente, y no tras varios reveses y éxitos judiciales, la Audiencia Provincial de Cádiz le daba la razón, ratificando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que declaraba nula la subasta y obligaba a la devolución de las acciones a Sinery.

Sin embargo, la maraña jurídica no se ha detenido y, a pesar de dicha sentencia, el regreso de Sinergy al Cádiz se da como un imposible. Entre otros muchos motivos, porque desde entonces, seis años, la entidad cadista ha afrontado hasta dos ampliaciones de capital, con lo que el paquete mayoritario de acciones de entonces, en 2013, que era del 51%, ha quedado ahora, a causa de dichas ampliaciones, en un 3%. Lógicamente, Sinergy ha pedido también legalmente la nulidad de dichas ampliaciones de capital.
Ese panorama, nada claro y con batallas judiciales ganadas y perdidas a lo largo de varios años, es el que se le presenta al Córdoba en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, algo ahora mismo difícil de vislumbrar, tal y como se encuentran de enfrentadas las posturas.

Muñoz se lo denegó, subastó las acciones y cuatro años después se anuló

Por un lado, Carlos González instando a la devolución de las acciones y anunciando dicha ejecución notarial o un procedimiento civil para recuperar el control del club.

Por el otro, Jesús León solicitando por un lado tiempo para el abono del último pago, pero también ultimando una querella contra la anterior propiedad por varios delitos. Si legalmente León no pudiera detener esa hipotética subasta, cualquiera podría acceder a la compra del paquete mayoritario del Córdoba CF, previo señalamiento de un precio sobre el mismo.

Teóricamente, la calma regresaría en caso de que un comprador se hiciera con ese paquete mayoritario, pero la maquinaria legal no se detendría y las querellas, demandas y reclamaciones estarían a la orden del día, tal y como ocurrió en Cádiz en los últimos años.

En lo que concierne a lo estrictamente deportivo, todo el movimiento institucional y legal no pareció afectar al Cádiz, que después de varios años en Segunda B logró recuperar la categoría de plata e incluso jugó en los tres últimos años una eliminatoria de ascenso a Primera, quedando en las otras dos temporadas a un paso de volver a disputarlos.

Pero lo que sí está claro es que el inicio de la batalla legal en el Córdoba depararía sorpresas para todas las partes. Baste como ejemplo lo ocurrido en ese caso parecido que es el Cádiz, en donde cuatro años después, el juez dictaminó que las acciones debían regresar al comprador tras declarar nula la subasta, aún no ha tomado el control y no parece fácil que lo vaya a hacer. Un ejemplo que habrá que mirar de reojo.

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