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LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN BOTÍ EXPLICA EL CESE DEL GERENTE

Ruz acusa a Bernier de "deslealtad" e "irregularidades" en su gestión

El exgerente dice que responderá "en los escenarios que proporciona la ley"

 

La presidenta de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí y delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz. - Foto: CÓRDOBA

Carmen Lozano Carmen Lozano
15/03/2019

"El cese de Juan Antonio Bernier ha sido más acertado que su contratación". Así de rotunda se ha manifestado la presidenta de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí y delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, durante la rueda de prensa que ha ofrecido ante las críticas recibidas por el cese de Bernier como gerente de la fundación, a quien ha acusado de "deslealtad y ocultación de datos" e “irregularidades en la gestión" de eventos como Flora o la tramitación del transporte de las obras de la exposición Una historia propia: mujeres, vanguardia y política, comisariada por Óscar Fernández, que finalmente no podrá llevarse a cabo y que hubiera reunido obras de importantes centros como el Pompidou de París o el Macba de Barcelona.

Esta exposición, prevista para el mes de diciembre del 2018, tampoco se pudo celebrar en diciembre al detectarse una irregularidad en el transporte de las obras, por un importe de 50.000 euros, que se hizo de manera fraccionada, en contra de la ley, que exige un contrato mayor. Según ha continuado Ruz, tras detectarse el problema brurocrático que ocasionó esta gestión, el gerente ordenó que las obras, cuando ya venían de camino a Córdoba, se devolvieran a los museos que las habían prestado, aunque alguna de ellas se quedó en los almacenes de algunas de las empresas de transporte, siendo reclamadas por sus dueños a la fundación, lo que para Ruz supone "un descrédito para la propia fundación".

En cuanto al Festival Flora, la presidenta de la Fundación  Botí ha señalado que los servicios de intervención de la Diputación "habían detectado en el expediente de participación de la Diputación en el festival una omisión de la fiscalización", es decir, "la gerencia de la fundación no había cumplido con la obligación  de elevar el expediente a intervención para que fiscalizase el gasto", y una vez comprobado que  el procedimiento adoptado no había sido el adecuado se elevaba un reparo y tenía que ser la Junta de Gobierno de la Diputación la que debía levantarlo. La factura de la empresa organizadora de Flora era de 36.000 euros desde octubre del 2018.

Por otro lado, Ruz también ha señalado que la convocatoria de la Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí que debía haberse llevado a cabo el año pasado no llegó a realizarse y tampoco se han publicado ninguna de las tres convocatorias públicas de la Fundación Botí.  

Estos episodios han provocado "la pérdida de confianza" de Ruz en Bernier, por lo que se  "ratifica" en su decisión, que considera "legítima" y entra dentro de las competencias de la presidenta de la fundación, según sus estatutos, reiterando que su única motivación ha sido la "salvaguarda de los intereses de las instituciones públicas, la propia fundación y la delegación de Cultura" y la decisión fue tomada "por unanimidad" por el consejo rector.

Por su parte, y ante estas acusaciones, Juan Antonio Bernier mostró, a través de un comunicado, una «relativa perplejidad y absoluta tranquilidad de conciencia», ya que considera las declaraciones de Ruz son «un relato sesgado e interesado, magnificado y simplificado, según su interés, de asuntos de los que, por naturaleza, es la principal responsable». «Entiendo que responden a la necesidad de contrarrestar desesperadamente las evidentes y constantes muestras de apoyo recibidas por mí tras mi cese como gerente», continúa Bernier, que añade que «la gravedad de alguna de las acusaciones (también las maliciosamente ridículas), así como las intrigantes circunstancias que envuelven la resolución de mi contrato, merecen una respuesta en los escenarios que la ley proporciona en estos casos».
Bernier también exige a Ruz, «en aras de la transparencia y de la defensa del bien común de los que presume» que «lidere la encomienda de una auditoría completa e independiente de la Fundación, que incluya, en primer lugar, pero no únicamente, el periodo transcurrido bajo nuestra gestión», así como que haga públicas «las actas del consejo rector en que se aprobó por unanimidad, según su relato, mi destitución». Por último, pide que ponga «a disposición de la ciudadanía los expedientes completos, una vez resueltos por los órganos competentes, de los asuntos mencionados en rueda de prensa», agradeciendo los apoyos recibidos.

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