La Diputación y los agentes económicos y sociales firman el pacto Juntos por Córdoba

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El documento modifica el que ya se firmó en el año 2016 (Compromiso por Córdoba) para incorporar aspectos encaminados a cumplir con las exigencias que marca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y mantiene en esencia los cinco ejes fundamentales del primero. Así, el nuevo texto abarca estrategias encaminadas a la economía digital y del conocimiento, la lucha contra la despoblación, el avance hacia la sostenibilidad social y productiva, así como hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y el trabajo por el fomento del empleo y la consolidación empresarial.

Durante el acto de la firma del pacto, el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha defendido la necesidad de actuar unidos en situaciones como esta, ya que "el diálogo y la paz social son garantía de estabilidad, y lo hacemos así, juntos, para salir de esta situación sin dejar a nadie atrás y para salir más fortalecidos".

Sobre la asignación económica con la que nace el acuerdo, Ruiz ha explicado que 150.000 euros serán aportados por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y 90.000 euros por la Delegación de Empleo. "Estos recursos económicos nos permitirán abordar diferentes iniciativas conjuntamente, pero sobre todo, y por encima de las cifras, está el compromiso de trabajar en la misma dirección a favor del desarrollo económico y social, el impulso del tejido productivo, y la generación de empleo como herramienta fundamental en estos momentos", ha resaltado el presidente.

Por parte de CECO, su presidente, Antonio Díaz, ha destacado que el documento nace "matizado e incluenciado por la crisis sanitaria y económica mundial en la que estamos inmersos", pero llega con una experiencia "histórica en materia de diálogo social en la provincia, que se ha caracterizado por ser pionera en cuestiones de diálogo y acuerdos, algo que no es fácil en muchas ocasiones".

Díaz ha destacado del texto firmado este miércoles dos líneas que la patronal considera "fundamentales" para el empleo: las estrategias destinadas a la economía digital y del conocimiento, ya que la digitalización en las empresas y el teletrabajo "ha venido para quedarse y para potenciarse", y el fomento del empleo y la consolidación empresarial. En este sentido, Antonio Díaz ha instado a "hacer todo lo posible por ayudar al mantenimiento del empleo, empleo de calidad, a la consolidación de las empresas y a salvar a las que están en condiciones de salvarse".

También ha resaltado el progreso importante que supone la inclusión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha recordado que la provincia "va a necesitar muchas ayudas, en especial los trabajadores y las empresas, y tenemos que pelear y poner herramientas sobre la mesa para que una provincia con poca capacidad industrial, que basa su economía en sectores que no tienen una gran fortaleza, salga adelante con apuestas desde lo público". Para UGT, el eje vertebrador de todo el documento es la lucha contra la despoblación, de forma que "vivir en un pueblo pequeño no tiene que ser una desventaja para sus vecinos". Ante eso, ha afirmado, "tenemos que poner herramientas y luchar por la digitalización, buscar que los beneficios se queden en el territorio, consolidar la industria existente y reivindicar mejores comunicaciones".

Finalmente, Marina Borrego, secretaria general de CCOO Córdoba, ha agradecido que el documento que acaba de firmarse "contenga todas y cada una" de las aportaciones de este sindicato y ha afirmado que para CCOO "el mantenimiento del empleo de la clase trabajadora y de las personas más vulnerables es prioritario en estos momentos tan excepcionales para afrontar la situación en la que nos encontramos", al tiempo que instó a trabajar por que los jóvenes "se queden en los pueblos y que los empleos surjan de ahí".

El acuerdo Juntos por Córdoba fue aprobado por el Pleno de la Diputación el pasado 22 de mayo con los votos favorables de todos los grupos políticos a excepción de Vox, por considerar que el contenido del documento tiene “un sesgo partidista” y aspectos “que nada tienen que ver con la recuperación económica y social”.