El PP quiere mantener activo el filón político del vandalismo callejero, por lo que exigió ayer al gobierno local que tome medidas contra la quema de contenedores, las pintadas en el patrimonio y los destrozos en vehículos que se han producido los últimos días. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, exigió al equipo de gobierno un plan preventivo que ataje la ola vandálica y que se haga en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y en coordinación de la Policía Local y Nacional. Además, alertó que de no ponerle freno «se puede convertir en una moda porque haya un efecto llamada».
Los populares criticaron ayer que el gobierno local restara importancia al fenómeno cuando aparecieron las primeras pintadas y que después se haya pedido la colaboración ciudadana. Bellido considera que pedir ayuda a la ciudadanía está bien, pero cuestiona cuál va a ser el planteamiento del Ayuntamiento. «¿Cuál es el plan preventivo que tiene la Policía Local de estos ataques vandálicos y qué va a hacer la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional al respecto?», preguntó Bellido. Es más, el dirigente popular considera que desde que se produjo el cambio de Gobierno «se está produciendo más vandalismo en Córdoba», una afirmación que, para Bellido, «no es una interpretación, sino un dato objetivo».
En otro orden de cosas, el portavoz del PP tachó de «mala idea» y de «mala solución» la decisión del gobierno municipal de que la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) la termine la empresa pública Tragsa. Bellido expresó sus dudas acerca de la seguridad jurídica de esta operación, ya que el Ayuntamiento no forma parte del accionariado de esta empresa pública. Además, cuestiona el argumento ofrecido por el equipo de gobierno para resolver el parón del CEFC, ya que si lo va a hacer Tragsa porque la Diputación subvenciona parte de la obra, también podría haberlo hecho cualquier empresa pública del Estado ya que también subvencionó este proyecto en el inicio.
En cualquier caso, para los populares lo más alarmante de esta decisión es «el descrédito» y «el desprestigio» que lanza el gobierno local hacia las empresas locales, al apuntar que si no es una empresa pública no están seguros de que pueda terminarse la obra del Centro de ferias. «Eso es un ataque directo y frontal a las empresas privadas al poner en duda su solvencia», dijo.
