El próximo 8 de febrero se cumplirán siete años de la muerte de Fran Lema, un activista de la plataforma Stop Desahucios que se suicidó agobiado por las deudas generadas por una vivienda que acabaría costándole la vida. La crisis se llevó por delante su trabajo como obrero de la construcción y, una vez en el paro, le fue imposible seguir abonando las cuotas de dos créditos hipotecarios que solicitó para pagar un terreno y comprar los materiales con los que levantar la casa. El primer crédito, del que fueron avalistas sus suegros, se sufragó con una dación en pago y una deuda de 25.000 euros que la entidad siguió reclamando hasta hace un par de años, en la que la anularon. El segundo préstamo lo obtuvo con el aval sobre la casa de Villafranca de sus padres, Pedro y Dionisia, tras firmar un contrato con una cláusula suelo del 5% y cláusulas abusivas varias, según relata Rafael Carmona, miembro de Stop Desahucios que ha estado al lado de la familia desde entonces.

Tras el suicidio de Fran, que culminó tras un primer intento fallido que llevó a cabo en la puerta de un banco, sus padres empezaron a recibir cartas reclamándole el pago de la deuda, que actualmente asciende a 95.000 euros aproximadamente. «Desde Stop Desahucios, advertimos a la entidad que iríamos a los juzgados por amenazas», señala Carmona, pese a lo cual «siguieron enviando una comunicación con la deuda pendiente una vez al año». La presión cesó en el 2017 y en el 2018, Pedro, que sufrió un infarto tras la muerte de su hijo del que nunca se llegó a recuperar, falleció. El año pasado, el banco volvió a iniciar las comunicaciones «con la advertencia de proceder al embargo y posterior desahucio de la vivienda». Se niega a aceptar la propiedad de la misma a cambio de que Dionisia siga en ella en usufructo hasta su fallecimiento. La plataforma no entiende que en las circunstancias actuales y tras el sufrimiento padecido por la familia «prefieran pleitear durante años antes que llegar a un acuerdo amistoso con una persona mayor».

Dionisia, de 74 años, tampoco comprende la sinrazón del banco. «Mi marido murió en 2018 porque estaba enfermo y desde que pasó lo de mi hijo se puso peor y ya no se recuperó», explica, «no sé qué más quieren, se llevaron a mi hijo, le quitaron la casa y su vida, él era un buen hombre que se quedó en el paro y no pudo seguir pagando, y ahora vienen también por mí». Cuando su marido y ella firmaron el aval, no lo dudaron. «Queríamos ayudar a nuestro hijo a tener su casa, él estaba trabajando y estaba bien, pero se quedó en el paro y la deuda empezó a crecer, lo agobiaron tanto que él no supo qué hacer», lamenta, «deberían preocuparse de los que nos roban a todos de verdad y dejar en paz a los que solo tenemos un techo y una pensión pequeña para vivir, no hay derecho». Agradecida con el cariño que recibió en su pueblo tras la muerte de su hijo, confiesa que intenta no quejarse mucho y comentar lo menos posible el caso con la familia porque «no quiero que sufran más, bastante han tenido ya las criaturas».