La historia de Rafael y su mujer es para echarse a llorar. Prefiere no dar sus datos aunque el suyo es uno de esos casos que claman al cielo. Empresario de la construcción, en los años previos a la crisis vio cómo su negocio, construido después de mucho esfuerzo, empezaba a florecer cuando salieron los proyectos para la instalación de ascensores en las viviendas. Una normativa europea establecía que en el 2020 todas las viviendas con más de tres plantas debían tener ascensor y empezaron a llegarle expedientes para acometer las obras. «Para hacer frente a la demanda, decidimos hipotecar nuestro piso, que ya estaba pagado, para financiar la inversión de maquinaria, personal, estudios arqueológicos, licencias...», explica Rafael, «luego todo se fue al garete cuando la Junta se quedó sin dinero y todos los proyectos se paralizaron. Su empresa se hundió sin derecho a indemnización alguna por el dinero invertido y, con ella, los pagos de la hipoteca, que llegaron a superar los 1.500 euros, se hicieron inabordables. «La hipoteca nos sirvió para invertir y para pagar el local donde mi mujer tiene su negocio de estética, cuando el propietario la obligó a comprarlo o a irse de allí», afirma. En esa situación, Rafael negoció con el banco dejar que llegara la subasta para, una vez adquirido el piso, fijar un alquiler asequible. «Pero los que negociaron conmigo desaparecieron y ya nadie sabe nada de aquello», afirma, «he mandado mil correos sin respuesta, son unos sinvergüenzas». La situación se complicó aún más hace algo más de un año cuando él sufrió un accidente y se rompió el cuádriceps, del que aún sigue en recuperación. Con dos hijos estudiando, la familia ha podido salido adelante hasta ahora con los ingresos de ella, pero el 21 de marzo tienen fecha para irse del piso. «Solo pido que nos den un alquiler asequible», explica Rafael, cuyo caso está siendo negociado por la asociación Anfane, «pero no quieren porque dicen que mi piso está en una urbanización con piscina y quieren venderlo para sacar más dinero».
